Este miércoles, el Senado de Brasil comenzará a debatir un proyecto de Ley que podría disminuir la pena de prisión de 27 años dictada contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, condenado por liderar un complot destinado a impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
La propuesta, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, busca acortar el tiempo efectivo de reclusión mediante la redefinición de sanciones para distintos delitos, entre ellos aquellos relacionados con intentos de golpe de Estado.
Bolsonaro, de 70 años, permanece encarcelado desde noviembre, luego de su condena por intentar obstaculizar la asunción de Lula como jefe de Estado, lo que generó un fuerte debate político en el país.
Según el proyecto, la normativa vigente, que prevé una sentencia efectiva de hasta ocho años, podría modificarse, dejando la pena real en poco más de dos años si se aprueba la reforma.
La iniciativa ha encontrado respaldo dentro del sector bolsonarista, que defiende la amnistía parcial para el ex presidente, considerado líder central de la derecha y ultraderecha brasileña, incluso durante su reclusión en la Policía Federal.
Los aliados de Bolsonaro calificaron la reducción de la pena como “un primer paso” hacia una amnistía total. En la Cámara baja, el proyecto obtuvo 291 votos a favor y 148 en contra, y ahora deberá ser evaluado por los 81 senadores, un escenario más desafiante para sus seguidores.
Entre los cambios propuestos, se establece que cuando los delitos relacionados con el intento de golpe sean cometidos por una “multitud”, como ocurrió durante el asalto a las instituciones en Brasilia en 2023, la sanción podría reducirse hasta dos tercios de la pena original.
Otra modificación relevante contempla la progresión del régimen penal, permitiendo que los condenados puedan pasar del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si el delito involucró violencia.
El senador Paulo Pereira defendió la iniciativa presentándola como un acto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” en las condenas dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, otros parlamentarios han anunciado su intención de modificar o rechazar el proyecto.
El senador Alessandro Vieira, representante de los partidos de centro, declaró que votará en contra, calificando la propuesta como un “caballo de Troya” que “reduce drásticamente las penas de delincuentes” y podría favorecer la liberación de seguidores de Bolsonaro encarcelados por los hechos del 8 de enero de 2023.
Entre la oposición y organizaciones de derechos humanos, la iniciativa ha generado rechazo, pues la interpretan como una amnistía encubierta que debilita la justicia y pone en riesgo la rendición de cuentas por delitos graves.
Por su parte, el presidente Lula da Silva se refirió al caso y aseguró que la condena de su principal rival político representa “un paso importante” para fortalecer las instituciones democráticas en Brasil, en un momento de alta tensión política.
