En una votación mayoritaria con 63 a favor y 7 en contra, la oposición —formada por kirchneristas, radicales, macristas y provinciales— anuló el veto al régimen de emergencia en discapacidad, representando una derrota política para el Gobierno. La Ley fue restituida hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.
Mientras el presidente Javier Milei estaba en el exterior, la presidenta provisional, Victoria Villarruel, no presidió la sesión. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala lideró los debates en el recinto.
El peronista Pablo Bensusán criticó duramente el veto, señalando que el recorte afectaba prestaciones esenciales y que su rechazo “brutal e inmoral” comprometía el futuro de millones de argentinos con discapacidad.
La diputada Carmen Álvarez Rivero dijo que la ley no era necesaria pero respaldó la actualización de aranceles para garantizar prestaciones, destacando la magnitud del problema.
Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio, afirmó que “la libertad no implica abandono” y llamó a intervenir al Estado para garantizar igualdad en salud, educación e infraestructura.
José María Carambia alertó que, si el Ejecutivo no cumple lo aprobado, presentará juicio político, advirtiendo que la falta de acción sería una “vergüenza” para el país.
El formoseño Francisco Paoltroni resaltó el crecimiento exponencial de las pensiones y criticó que años atrás se debilitara este sistema mientras se priorizaban otros intereses.
Eduardo Vischi, exaliado del oficialismo, reconoció que el problema está arraigado en la falta de actualización de prestaciones y que esta ley ofrece orden y perspectiva a una deuda histórica.
El debate derivó en tensiones entre bloques: José Mayans respondió con dureza a Paoltroni, cuestionando la postura libertaria sobre el gasto público, mientras que algunos oradores decidieron bajarse de la discusión.
La norma abarca una serie de medidas: actualización de pensiones no contributivas, ajuste de aranceles y compensaciones económicas vinculadas al cuidado y la inclusión.
