El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves firmaron la “Alianza Escudo de las Américas”, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que busca compartir experiencias y estrategias para enfrentar el crimen organizado en la región.
Bukele, ampliamente respaldado en su país por su mano dura contra las pandillas, aseguró que la iniciativa permitirá a Costa Rica aplicar “lo que consideren conveniente” de las políticas implementadas en El Salvador.
Durante la visita de dos días, Chaves recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña que alberga a unos 15.000 internos acusados de pertenecer a pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Con capacidad para 40.000 presos, el Cecot es el penal más grande de Latinoamérica y se ha convertido en un símbolo de la estrategia de Bukele, aunque organismos de derechos humanos han cuestionado las duras condiciones de detención en sus instalaciones.
Bukele detalló que su gobierno puede asesorar a Costa Rica en la “reforma de leyes, manejo de cárceles y desmantelamiento de estructuras criminales”, destacando los avances logrados bajo su administración.
Por su parte, Chaves enfatizó la necesidad de cambios legales en su país y aseguró que la crítica recibida por su plan de seguridad, que algunos califican de autoritario, no lo detendrá: “Quiero que los criminales estén en la cárcel y los ciudadanos en sus casas”, afirmó.
El acuerdo se da en un contexto complejo para Chaves, quien enfrenta un proceso en el Congreso que podría derivar en su destitución, y quien ha sido acusado por opositores de adoptar un estilo de gobierno “dictatorial” en su lucha contra el crimen.
En marzo de 2022, Bukele declaró la guerra a las pandillas mediante un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, medida que ha generado controversia a nivel internacional.
Hasta la fecha, El Salvador acumula más de 90.000 detenciones de presuntos pandilleros, de las cuales alrededor de 8.000 personas fueron liberadas por falta de pruebas, según datos oficiales.
La cooperación entre ambos países busca que Costa Rica pueda implementar estrategias similares, adaptadas a su marco legal, para enfrentar el incremento de criminalidad que preocupa a las autoridades de San José.
Organizaciones de derechos humanos y expertos han advertido sobre posibles excesos y riesgos de vulneración de derechos, aunque el modelo salvadoreño ha recibido amplio respaldo popular por la reducción significativa de homicidios en los últimos años.
La Alianza Escudo de las Américas pretende consolidar un espacio de colaboración regional que combine intercambio de experiencias, asistencia técnica y posibles reformas legales para enfrentar de manera coordinada el crimen organizado, un desafío creciente en Centroamérica.
