El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo que su país ha recibido a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina. Los detenidos fueron trasladados desde Estados Unidos, bajo órdenes del presidente Donald Trump, y llegaron en un vuelo al Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fueron inmediatamente trasladados al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la mayor y más nueva prisión del país.
El acuerdo, que ha generado diversas reacciones, establece que los detenidos permanecerán en El Salvador por un período inicial de un año, con la posibilidad de extenderlo. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros”, destacó Bukele en su cuenta de X (antes Twitter), refiriéndose a los 6 millones de dólares que Washington acordó pagar a El Salvador como parte del acuerdo.
Este pago, según Bukele, ayudará a financiar el sistema penitenciario salvadoreño, cuyo costo anual es de aproximadamente 200 millones de dólares. El mandatario agradeció a Estados Unidos por esta colaboración, destacando el impacto positivo que tendrá para El Salvador. “Este acuerdo nos permitirá mantener el orden y reforzar nuestras capacidades de enfrentar la criminalidad”, añadió.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también elogió a Bukele, quien considera “un amigo de Estados Unidos y el líder más fuerte de la región”. Rubio destacó que este acuerdo no solo ayuda a El Salvador a enfrentar el crimen organizado, sino que también representa un ahorro para los contribuyentes estadounidenses, al permitir que los reos sean mantenidos en el sistema penitenciario de El Salvador a un costo más bajo.
Además de los miembros del Tren de Aragua, también llegaron 23 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS13, quienes, según Bukele, son buscados por la justicia salvadoreña. Entre ellos se encuentran dos presuntos líderes de la organización. Bukele afirmó que la entrega de estos detenidos facilitará el trabajo de las fuerzas de seguridad, quienes podrán obtener información crucial para desmantelar redes criminales y realizar incautaciones de dinero, drogas, armas y más.
El gobierno de El Salvador ha intensificado su lucha contra las pandillas con la implementación de un estado de excepción, que desde su aprobación en 2022 ha permitido la captura de casi 87,000 personas. Esta medida extraordinaria suspendió varios derechos constitucionales, permitiendo la detención de cualquier persona sospechosa de estar vinculada a pandillas. El estado de excepción se ha extendido en 36 ocasiones consecutivas, y está previsto que continúe hasta el 27 de marzo, fecha en que cumplirá tres años en vigencia.
El estado de excepción fue impulsado por el aumento de la violencia en 2022, cuando un solo día de marzo resultó en 62 homicidios. Las autoridades han logrado incautar miles de armas, vehículos y teléfonos celulares, pero también ha generado controversia por la posible violación de derechos humanos.
A pesar de estos avances, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el trato a los detenidos. En particular, la ausencia de pruebas proporcionadas por Estados Unidos sobre la presunta vinculación de los detenidos con las pandillas mencionadas ha alimentado el debate. CNN ha intentado contactar con el Departamento de Justicia de EE.UU. para conocer el estatus legal de los detenidos y si cuentan con representación legal.
