El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el miércoles 11 de junio un decreto convocando a una consulta popular sobre su propuesta de reforma laboral. Esta decisión se produce después de que el Senado rechazara la iniciativa en mayo, generando un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Petro explicó que la consulta se llevará a cabo el 7 de agosto, el mismo día en que inicia su último año de mandato. Aseguró que el decreto será derogado si el Congreso aprueba los puntos planteados en la consulta antes de esa fecha.
La reforma laboral propuesta por Petro incluye medidas como la reducción de la jornada laboral, licencias por salud, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización. Sin embargo, el Senado consideró que la reforma no fomentaría el empleo ni combatirá la informalidad, y decidió archivarla sin debatirla.
El presidente acusó al Senado de bloquear la reforma y calificó su decisión de “fraude”. En respuesta, firmó el decreto para convocar la consulta popular, argumentando que la Constitución le otorga la facultad de hacerlo en caso de silencio legislativo.
La convocatoria ha sido criticada por diversos sectores políticos y jurídicos, quienes consideran que el presidente está extralimitando sus funciones y vulnerando la separación de poderes. La Corte Constitucional deberá revisar el decreto para determinar su constitucionalidad.
En medio de este conflicto, el clima político se ha tensado aún más debido al atentado contra el senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico. Este incidente ha aumentado las tensiones entre el Gobierno y la oposición.
A pesar de las críticas, Petro ha defendido su decisión y ha convocado a movilizaciones en apoyo a la reforma laboral. En una manifestación en Cali, instó a la ciudadanía a respaldar la consulta popular y a “reelegir el proyecto del cambio”.
Mientras tanto, el Congreso continúa tramitando una reforma laboral similar a la propuesta por el Gobierno, aunque con diferencias clave. Petro ha advertido que si las reformas no se aprueban según sus términos, insistirá con la consulta y no descarta recurrir a mecanismos como la recolección de firmas o incluso una Asamblea Constituyente.
