El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió hoy el Decreto Ejecutivo No. 36, que prohíbe explícitamente el uso de fondos públicos para contratar seguros privados de salud para servidores del Estado.
Esta medida forma parte de una reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, diseñada para racionalizar el gasto y optimizar recursos en un escenario de restricciones presupuestarias.
Según el decreto, solo se permitirá contratar seguros de vida privados para funcionarios en actividades de riesgo, siempre que existan fondos asignados y se cumplan los topes establecidos por el Ministerio del Trabajo.
Además, las instituciones públicas deberán contratar un seguro médico internacional de cobertura completa para funcionarios en misiones oficiales fuera del país, salvo que exista cobertura por parte de terceros.
Los contratos de seguros de salud privados existentes antes de la ley seguirán vigentes hasta su vencimiento, pero no podrán renovarse bajo ninguna circunstancia, buscando reducir beneficios diferenciales entre funcionarios y población general.
El decreto también establece restricciones para la compra de vehículos oficiales: queda prohibida la adquisición de automotores de alta gama, y los vehículos generales necesitarán la aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia.
Los vehículos especializados (seguridad, campo, transporte colectivo) podrán adquirirse con tecnología avanzada y sin límite de costo, siempre que se justifique su uso por razones institucionales o de riesgo. En estos casos, se exigirá un informe de riesgo para vehículos de seguridad de autoridades de alto nivel, garantizando transparencia y responsabilidad en las compras.
La normativa impone además que los vehículos de aplicación especial sean verificados como de producción nacional, incluso si se compran en el exterior, fomentando la industria local.
Para vehículos no especializados, se priorizará la adquisición de productos nacionales en la fase precontractual, conforme a la legislación vigente. Esta reforma elimina varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 457 (2022), apuntando a una reestructuración normativa enfocada en eliminar gastos innecesarios del aparato estatal.
Noboa enmarca este decreto en su estrategia de austeridad, que incluye aumento del IVA al 15 %, nuevas tarifas arancelarias y contención del gasto. El Ministerio del Trabajo y la entidad de compras públicas deberán emitir directrices para su implementación tras la publicación en el Registro Oficial.
