El presidente Daniel Noboa remitió este lunes 27 de mayo su segundo proyecto de Ley urgente en materia económica a la Asamblea Nacional. La propuesta, denominada Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, busca una reforma estructural del sistema de contratación del Estado y del régimen del servicio público en Ecuador.
La iniciativa plantea una revisión profunda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de la Ley Orgánica del Servicio Público, con el fin declarado de combatir la corrupción, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la rendición de cuentas en la función pública.
Desde el Ejecutivo se argumenta que el modelo actual de contratación pública está plagado de discrecionalidad, sobrecostos y procedimientos engorrosos que terminan favoreciendo a un grupo reducido de oferentes. Según cifras oficiales, el 64% de los procesos reciben una o dos ofertas como máximo, y los regímenes especiales, más caros en promedio, continúan siendo la norma.
Entre los ejes clave del proyecto destaca la modernización del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), que pasará a tener autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Su director será nombrado directamente por el presidente de la República y tendrá fuero de la Corte Nacional de Justicia, en un intento por blindar políticamente el organismo.
Otro componente relevante es la transformación del Registro Único de Proveedores (RUP), que será actualizado de manera automática mediante interoperabilidad con otras bases de datos estatales y privadas. Los proveedores deberán mantener su información al día, y quienes denuncien actos de corrupción podrán beneficiarse con mejores calificaciones en futuros procesos.
Asimismo, se contempla una reforma integral del Portal de Compras Públicas, que deberá operar bajo principios de datos abiertos, trazabilidad total y permitir auditorías digitales. La firma electrónica será obligatoria y toda la información contractual estará disponible tanto para los entes de control como para la ciudadanía.
En materia de gestión del talento humano, la propuesta obliga a todas las instituciones públicas a contar con manuales de puestos basados en competencias laborales y a evaluar semestralmente el desempeño de sus servidores. La falta de actualización de estos instrumentos será considerada una infracción grave.
El Gobierno enmarca esta reforma dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, con el objetivo de consolidar un Estado moderno, ágil y transparente. También se anticipa un efecto positivo en la economía nacional, al facilitar la ejecución de obras públicas y dinamizar el mercado laboral.
La justificación del carácter de urgencia se sustenta en tres criterios avalados por la Corte Constitucional: urgencia, conexidad y efecto económico inmediato. En este caso, se citan datos como el déficit fiscal del primer trimestre, que ascendió a USD 726 millones, y estimaciones que calculan pérdidas anuales por corrupción en compras públicas de hasta USD 930 millones.
El proyecto también se apoya en casos recientes de alto perfil como los operativos Metástasis, Purga y Encuentro, que revelaron entramados de corrupción en instituciones clave como EMCO, CNEL y la Aduana. Estos escándalos reforzaron la percepción de que el sistema de contrataciones necesita una reforma urgente y profunda.
La propuesta establece que los proveedores involucrados en prácticas ilegales serán sancionados con la inhabilitación, mientras que aquellos que colaboren con la justicia podrán acceder a condiciones más favorables en licitaciones futuras. Además, se introduce un modelo de control intensivo desde la etapa precontractual, utilizando tecnología y criterios objetivos.
De acuerdo con la ley, la Asamblea tiene 30 días para tramitar el proyecto por tratarse de una iniciativa calificada como urgente. Si no es aprobado o rechazado en ese plazo, el presidente podrá promulgarlo por el ministerio de la ley. Este es el segundo proyecto urgente presentado por Noboa en su nuevo mandato, luego de la ley enfocada en combatir las economías criminales.
