El Parlamento de Portugal aprobó este miércoles una reforma de la Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de Luís Montenegro (PSD) y el partido ultraderechista Chega, con el respaldo del CDS-PP. La oposición, liderada por partidos de izquierda, rechaza las restricciones.
El texto, votado en el pleno, será enviado al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien tiene 20 días para vetar o sancionar como ley.
La reforma amplía la expedición de visados de trabajo para personas con “altamente cualificadas” y modifica los requisitos para ciudadanos de países lusófonos, que ahora necesitarán un visado de residencia en lugar de un corto.
Se endurece el acceso a la reagrupación familiar: los migrantes deberán esperar dos años de residencia legal (antes no había plazo) y sólo podrán sumar familiares menores que hayan entrado legalmente o cuenten con visado de alto nivel.
También se eleva el listón para probar que el solicitante tiene vivienda conforme a normas de salubridad y recursos económicos estables para mantener a la familia sin recurrir a ayuda social.
Se introduce como requisito obligatorio el conocimiento del idioma portugués y de los valores constitucionales, y se extiende el plazo para resolver solicitudes de reagrupación de 3 a 9 meses, prorrogable.
El Parlamento también dio luz verde a la creación de la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) dentro de la Policía de Seguridad Pública, con competencias en aeropuerto, visados, control migratorio y expulsiones.
La nueva UNEF reemplaza las funciones del extinto Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), clausurado en 2021 tras una polémica muerte bajo custodia; ahora, más tareas concentradas en una sola fuerza.
La UNEF gestionará también centros de acogida temporal para migrantes, exp BlankosMigrantes y facilitará la ejecución de medidas de readmisión o retorno voluntario.
Entre los apoyos a la reforma, partidos conservadores y Chega resaltan que contribuye a una migración ordenada. La oposición, por su parte, advierte que las limitaciones afectan la vida familiar y podría vulnerar derechos fundamentales.
El Gobierno justificó la creación de UNEF como un paso necesario para unificar competencias y mejorar la eficacia policial. La oposición pidió más recursos, subrayando que la solución no solo es legal, sino también material.Ambas reformas fueron aprobadas en una sesión exprés antes del receso estival. El próximo paso en septiembre será la discusión de la reforma de la Ley de Nacionalidad, que restringe la adquisición de ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes.
