El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles que se suspende la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, a 100 km de Montevideo, decisión transmitida al consorcio Aguas de Montevideo, responsable del proyecto originalmente impulsado por el expresidente Lacalle Pou.
El ejecutivo derogó efectivamente ese contrato, conocido como “Proyecto Neptuno”, que contemplaba captar agua del Río de la Plata y costear cerca de 50 millones de dólares anuales durante 17 años, equivalente a unos 890 millones en total.
La decisión busca responder a cuestionamientos ambientales, técnicos y financieros planteados por organizaciones sociales y líderes de oposición, quienes calificaron el plan como un riesgo para la calidad del agua y la soberanía hídrica nacional .
Se acordó una suspensión de 90 días del contrato y se convocó a una mesa de trabajo con participación del Ejecutivo, OSE y el consorcio para replantear la viabilidad del proyecto y explorar alternativas.
Una de las nuevas opciones es potenciar o ampliar la planta existente en Aguas Corrientes, sobre el Río Santa Lucía Chico, desde donde hoy se abastece a buena parte de Montevideo, con capacidad para procesar hasta 200.000 m³ diarios.
El gobierno también analiza obras complementarias en el arroyo Solís Chico, en la Costa de Oro, que requieren una planta de menor escala y una pequeña represa para responder al crecimiento poblacional de esa zona .
Los críticos advirtieron que el proyecto en Arazatí podría elevar tarifas y afectar la calidad del agua por la alternancia de salinidad y floraciones tóxicas en el Río de la Plata.
Se argumenta que la propuesta original vulneraba la Constitución uruguaya que consagra el derecho humano al agua y prohíbe privatizar la gestión del servicio, especialmente cuando OSE debía comprar agua bruta a empresas privadas.
Ya en 2023, y como consecuencia de una grave sequía, el embalse Paso Severino registró niveles históricamente bajos, y algunas zonas de Montevideo recibieron agua con exceso de sal, recordando la necesidad urgente de una solución duradera y transparente.
Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, calificó como un “error” la firma del contrato inicial, argumentando que dejaba a OSE con una situación financiera compleja y limitada su capacidad para proyectar otras obras como la represa de Casupá.
El Tribunal de Apelaciones anuló la medida cautelar que bloqueaba el proyecto y habilitó el contrato, aunque la suspensión y renegociación posterior reflejan una reorientación del rumbo político y técnico del Ejecutivo actual.
Aunque el contrato fue legalmente habilitado, la reacción social, académica y ambiental ha obligado al gobierno a replantear prioridades, priorizando obras de abastecimiento más seguras, eficientes y públicas que garanticen acceso al agua potable de forma sostenible .
