El Ejecutivo uruguayo introducirá una nueva fórmula para calcular el precio de los combustibles, con la intención de reducir la volatilidad que hasta ahora afectaba de forma directa a los bolsillos de los ciudadanos. El anuncio fue realizado en una conferencia conjunta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
La medida implica un giro significativo respecto al modelo adoptado en 2020, cuando se instauró la actualización mensual de precios en base al Precio de Paridad de Importación (PPI), siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante la administración de Luis Lacalle Pou.
A diferencia del esquema actual, la nueva metodología establecerá ajustes cada dos meses. Además, se aplicará un tope máximo del 7 % sobre la tarifa de referencia, con el objetivo de proteger al mercado interno frente a fluctuaciones abruptas en el precio del crudo y derivados en los mercados internacionales.
El documento oficial señala que el nuevo modelo estará basado en una fórmula compuesta por el promedio bimestral del PPI determinado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y un componente adicional denominado “Factor de Estabilización”. Este último será de 1,5 pesos uruguayos por litro para nafta y gasoil, y se revisará una vez al año.
Esta regla de topes busca otorgar mayor previsibilidad al mercado local, en un contexto global en el que los precios de la energía se ven frecuentemente afectados por tensiones geopolíticas, desastres naturales y cambios en la demanda. La idea es generar una amortiguación eficaz sin trasladar de forma inmediata cada variación al consumidor final.
Si bien el cambio implica una intervención más activa del Estado sobre el sistema de precios, desde el Gobierno se sostiene que no se está abandonando el principio de referencia al mercado internacional, sino moderando sus efectos adversos. La medida es presentada como un intento por encontrar un equilibrio entre liberalización y contención social.
En ese sentido, los precios no subirán automáticamente si la diferencia entre el valor actual y la referencia supera el 7 %. Solo cuando la variación esté dentro de ese margen se aplicará la actualización, lo que otorga un margen de maniobra que puede ser clave en tiempos de inestabilidad económica.
Los impulsores de la reforma defienden la transparencia del nuevo mecanismo. Aseguran que esta regla predefinida permitirá tanto al sector empresarial como a los ciudadanos anticipar, con mayor certeza, los posibles movimientos de tarifas, lo que facilita la planificación económica a corto y mediano plazo.
