El Gobierno peruano presentó este martes una serie de medidas destinadas a combatir la violencia y el crimen organizado en el país, destacándose la propuesta de retomar el servicio militar y policial obligatorio. Esta medida, que fue suspendida en 1999 cuando se convirtió en voluntaria, se plantea como una respuesta urgente a la ola de criminalidad que afecta a diversas regiones del país.
Durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), presidida por la mandataria Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno, se acordó presentar un proyecto de Ley ante el Congreso para restablecer la obligatoriedad de este servicio. Esta decisión refleja la creciente preocupación del gobierno ante la falta de control sobre las organizaciones criminales, que han incrementado su poder y actividades ilícitas en los últimos años.
La medida también incluye la incorporación del personal que haya cumplido con el servicio militar obligatorio en las filas de la Policía Nacional. Según las autoridades, esta incorporación serviría para fortalecer la capacidad operativa de la policía en un momento crítico para la seguridad nacional.
El gobierno ha señalado que, además de esta reforma en la seguridad pública, se implementarán otras medidas para enfrentar la delincuencia. Una de las decisiones más relevantes es la regularización de la situación migratoria de los extranjeros indocumentados en Perú. En caso de incumplimiento de las regulaciones, las autoridades procederán a tomar acciones multisectoriales para la expulsión de los migrantes ilegales.
Para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el Ministerio del Interior también propondrá la declaración de emergencia para la Policía Nacional, lo que permitiría reducir la brecha logística y mejorar la inteligencia policial. Esta medida se complementará con una reestructuración de la infraestructura penitenciaria para mejorar el control y la seguridad dentro de las prisiones, un aspecto crucial en la lucha contra las bandas criminales.
En la misma línea, se evaluará la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas como apoyo a la gestión y vigilancia de las prisiones. Este paso busca asegurar que las cárceles no sigan siendo un centro de operación para los grupos criminales que operan fuera de ellas.
Además, se destacó la importancia de asegurar los recursos necesarios para implementar las Unidades de Flagrancia, que buscan agilizar el proceso judicial y garantizar que los delincuentes sean procesados con rapidez. La colaboración entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Economía será esencial para llevar a cabo estas reformas.
La presidenta Dina Boluarte fue contundente en su mensaje a las bandas criminales, asegurando que el gobierno no descansará hasta desarticularlas. En su discurso, la mandataria resaltó que las instituciones del Estado permanecerán unidas y que, bajo el respeto a la democracia y al Estado de derecho, no podrán ser derrotadas por el crimen organizado.
Boluarte también hizo un llamado a la cooperación internacional, destacando la firma de un convenio con la Unión Europea por un millón de soles, destinado a fortalecer las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional. Con este fondo, se abordarán temas como la minería ilegal, la trata de personas y los homicidios, áreas donde Perú enfrenta grandes desafíos.
Como parte del plan de respuesta, se creará el “Cuarto de Guerra de Seguridad Ciudadana”, una sala de comando desde la que se coordinarán las acciones y se dará seguimiento a la implementación de los acuerdos adoptados. Esta medida tiene como objetivo asegurar que los avances sean medibles y eficientes.
A pesar de las propuestas avanzadas por el Ejecutivo, no se alcanzó consenso sobre la aplicación de la pena de muerte para delitos graves, como la violación de menores, que había sido planteada por la presidenta. La discusión sobre esta medida fue rechazada durante la sesión de Conasec, aunque el gobierno sigue firme en su compromiso de luchar contra los delitos de mayor impacto en la sociedad.
