El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este jueves una Ley que eleva las penas por abuso sexual infantil a 30 años de prisión. Esta nueva normativa modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal, creando un marco más severo para castigar este delito. El mandatario, al firmar la ley, expresó que este es un tema sensible que afecta profundamente a la sociedad, especialmente cuando se trata de los derechos de los niños y niñas.
“Son nuestros niños, nuestras niñas, y tenemos que protegerlos con todo lo que tenemos al alcance”, enfatizó Peña durante la promulgación. El presidente destacó que este avance es un paso importante para garantizar la seguridad de los menores en un país donde los casos de abuso sexual son alarmantemente altos. Sin embargo, también recordó la importancia de no bajar la guardia y seguir promoviendo la educación y la prevención en las familias y escuelas.
A pesar de la aprobación de la Ley, el presidente instó a continuar con campañas de sensibilización en los centros educativos, así como fomentar el diálogo en el núcleo familiar para prevenir este tipo de delitos. En su discurso, Peña subrayó que la protección de los niños es un trabajo colectivo, señalando que “el futuro de Paraguay depende de lo que hagamos hoy por su infancia”.
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, destacó que en Paraguay se registran en promedio 3.500 casos de abuso sexual infantil al año. De esos casos, un alarmante 90% ocurre dentro del círculo cercano de las víctimas, principalmente en el entorno familiar. Además, el 82% de las víctimas son niñas, con una edad promedio de solo 9 años, mientras que el victimario tiene un promedio de 27 años. Estos datos ponen de relieve la urgente necesidad de medidas contundentes para erradicar este flagelo social.
Con la promulgación de esta Ley, Paraguay se posiciona como uno de los países con las penas más estrictas para quienes cometan este tipo de crímenes. La normativa también refleja un endurecimiento progresivo de las leyes, ya que en 1997, las penas por abuso infantil eran significativamente menores, incluso más bajas que las establecidas para delitos como el abigeato.
El ministro Gutiérrez también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el Registro de Agresores Sexuales (RAS), una herramienta que comenzó a implementarse con éxito desde su promulgación en 2021. Este registro busca identificar a los agresores y evitar que tengan contacto con menores en el futuro. Con ello, el gobierno pretende establecer una base de datos confiable para prevenir nuevos delitos.
En el Congreso Nacional, la aprobación de la Ley fue acompañada de un debate sobre la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra el abuso infantil. Los opositores aplaudieron el endurecimiento de las penas, pero señalaron que las sanciones por sí solas no resolverán el problema, que radica principalmente en los círculos cercanos de los menores.
La oposición insistió en la necesidad de una política pública integral que incluya educación sexual en las escuelas, así como campañas de prevención que lleguen a todas las familias. Según sus representantes, el sistema judicial debe estar acompañado de medidas preventivas que eduquen a la población y promuevan el respeto hacia los derechos de los menores.
El debate sobre cómo abordar el abuso infantil de manera integral sigue siendo un tema central en la agenda política de Paraguay. Si bien la Ley promulgada es un avance en el castigo a los culpables, los expertos coinciden en que el verdadero cambio debe empezar desde la prevención, la sensibilización y el fortalecimiento de las instituciones educativas y familiares.
Por su parte, el gobierno reafirmó su compromiso de seguir trabajando para crear un entorno más seguro para los niños y niñas del país. En tanto, los legisladores continúan impulsando propuestas que busquen un abordaje integral, que combine la prevención con el castigo efectivo a los abusadores.
El endurecimiento de las penas por abuso sexual infantil en Paraguay marca un paso importante en la protección de la infancia. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar que la Ley se aplique de manera efectiva y que las acciones preventivas sigan siendo una prioridad para las autoridades. El país se enfrenta a una lucha continua para erradicar este crimen y proteger a las futuras generaciones.
