El Gobierno de Argentina modificó la reglamentación de la Ley 20.429, reduciendo la edad mínima para adquirir, portar y usar armas de uso civil en el país. A través del Decreto 1081/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se establece que los jóvenes de 18 años, al ser considerados mayores de edad según el Código Civil y Comercial, ahora podrán acceder legalmente a armas de fuego, pasando de un límite de 21 años a los 18.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, y, según el Gobierno, tiene como objetivo “armonizar la legislación vigente” con la mayoría de edad estipulada en el Código Civil desde 2015. En este sentido, se argumenta que, dado que los 18 años es la edad legal para asumir diversas responsabilidades civiles, como votar o firmar contratos, no tendría sentido seguir limitando el acceso a las armas a los 21 años.
Sin embargo, la modificación ha desatado un fuerte debate en la sociedad. Para algunos, la decisión es una mera actualización normativa que reconoce la plena capacidad de los jóvenes de 18 años para asumir responsabilidades, incluido el uso de armas. Para otros, plantea serios riesgos en términos de seguridad, especialmente cuando se considera que un número significativo de jóvenes no está lo suficientemente maduro, psicológica ni socialmente, para manejar un arma de fuego.
A pesar de la reducción en la edad mínima, la medida no modifica otros requisitos y controles establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que regula la tenencia y el uso de armas en el país. Según el texto del decreto, los ciudadanos de 18 años deberán cumplir con una serie de estrictos requisitos legales, que incluyen exámenes psicofísicos, la acreditación de datos personales ante la policía, y la verificación de antecedentes policiales y penales.
El Gobierno explicó que esta decisión fue tomada tras el correspondiente asesoramiento jurídico, con el fin de asegurar una aplicación uniforme de los derechos y responsabilidades establecidos por las leyes nacionales. De esta manera, los jóvenes de 18 años tendrán los mismos derechos que cualquier adulto para poseer y portar armas de uso civil, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.
No obstante, la decisión ha sido cuestionada por algunos expertos en seguridad y derechos humanos, quienes consideran que una modificación de este tipo podría tener consecuencias negativas. Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, advirtió que esta medida podría alimentar el aumento de violencia en barrios vulnerables, donde el acceso a armas ya es un problema, tanto en mercados legales como ilegales.
Por su parte, críticos del decreto argumentan que, si bien los jóvenes de 18 años tienen ciertos derechos civiles, la portación de armas requiere una madurez y responsabilidad que muchos no poseen. La posibilidad de que un adolescente acceda a un arma de fuego podría no solo aumentar el riesgo de accidentes o suicidios, sino también exacerbar las tensiones sociales y la violencia en las calles.
La medida también ha generado preocupación en relación con la seguridad pública, ya que muchos temen que el fácil acceso a las armas pueda fomentar una cultura de autodefensa que termine por aumentar el número de enfrentamientos armados. El mercado ilegal de armas, en particular, ha sido señalado como una de las principales fuentes de armamento en manos de jóvenes, muchos de los cuales no tienen problemas en obtener un arma, sin importar su edad.
Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que el decreto es una actualización lógica y coherente con los cambios en la legislación civil del país. Sin embargo, para muchos, esta reforma sobre la tenencia de armas de fuego pone en evidencia la necesidad de un debate más amplio y profundo sobre la seguridad en Argentina, más allá de la simple reducción de edades o la modificación de normas.
En conclusión, aunque la medida parece responder a un principio de igualdad legal para todos los adultos, la pregunta sigue siendo si realmente estamos preparados para que los jóvenes de 18 años tengan acceso a armas de fuego. La respuesta, evidentemente, no es tan sencilla, y la controversia está lejos de resolverse.
