El debate sobre el hallazgo en un rancho en Teuchitlán, Jalisco, tomó un giro inesperado este lunes tras las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch. Durante una rueda de prensa, el funcionario negó que el predio fuera un “campo de exterminio”, como habían denunciado colectivos de familiares de personas desaparecidas. Según el funcionario, se trataba de un centro de adiestramiento utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para preparar a sus miembros.
La denuncia que desató la controversia provino del colectivo Guerreros Buscadores, un grupo de activistas que reportó la aparición de ropa y 400 pares de zapatos que, según ellos, pertenecían a personas desaparecidas. De acuerdo con sus afirmaciones, el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, se utilizaba como un campo para exterminar a las víctimas del crimen organizado. Sin embargo, García Harfuch subrayó que, tras las investigaciones, no se ha encontrado evidencia que confirme estas acusaciones.
“No hay indicios que sugieran que el predio haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron los activistas, sino un centro de adiestramiento”, afirmó García Harfuch, destacando que el rancho fue utilizado por el CJNG para entrenar a los nuevos reclutas que se unían al cartel. Asimismo, aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha confirmado que se hayan encontrado restos humanos en el lugar.
En respuesta a las acusaciones y con el fin de dar claridad a los ciudadanos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de que los detalles sobre el rancho sean divulgados. La funcionaria remarcó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de esclarecer la verdad, alejada de interpretaciones basadas en rumores. Además, aseguró que la Fiscalía del Estado de Jalisco es la encargada de la investigación y tiene bajo custodia el predio.
“Debemos conocer la verdad, no una verdad fabricada por alguien. El pueblo de México tiene derecho a saber lo que realmente ocurrió”, subrayó Sheinbaum, haciendo énfasis en la necesidad de transparencia en la investigación.
A pesar de las controversias en torno al caso, el gobierno mexicano ha reaccionado con medidas concretas para abordar la crisis de desapariciones forzadas en el país. La creación de la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas son parte de los esfuerzos para mejorar la respuesta a este grave problema.
Con estas reformas, el gobierno busca agilizar los procesos de investigación y mejorar la coordinación entre las autoridades federales y estatales. La nueva plataforma permitirá una conexión más eficiente entre las 32 fiscalías estatales y la federal, así como con el Banco Nacional de Datos Forenses. Además, se establecerá un sistema para que las denuncias de desapariciones sean atendidas de manera inmediata, eliminando la espera de 72 horas que actualmente se estipula en muchos casos.
Estas medidas llegan en medio de una creciente preocupación por la creciente cifra de desaparecidos en México. Con más de 120,000 personas reportadas como desaparecidas y más de 50,000 cuerpos sin identificar, el gobierno se enfrenta a un desafío monumental para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, destacó la urgencia de reformar las leyes existentes para garantizar que las desapariciones sean tratadas con la seriedad y celeridad que requieren. De acuerdo con Godoy, cualquier denuncia de desaparición debe ser atendida de inmediato, sin esperar las 72 horas que actualmente se establecen como plazo para iniciar una investigación.
La polémica generada por el rancho en Jalisco y las acusaciones sobre su uso como campo de exterminio siguen siendo un tema candente en el país. Sin embargo, el gobierno de México se ha comprometido a esclarecer todos los detalles y garantizar que la verdad prevalezca. Mientras tanto, la lucha contra el crimen organizado continúa siendo una de las principales prioridades del gabinete de seguridad, que ha prometido redoblar esfuerzos para poner fin a la violencia y la impunidad en el país.
