El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno en cinco provincias del país como respuesta al aumento de protestas y bloqueos viales contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida, oficializada este jueves mediante un nuevo decreto ejecutivo, restringe la circulación de personas y vehículos desde las 22:00 hasta las 5:00 en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo.
El Ejecutivo justificó la decisión como un intento de frenar el creciente clima de tensión social que se vive en las zonas andinas, epicentro de las protestas lideradas por comunidades indígenas y campesinas. La restricción incluye la posibilidad de detención para quienes transiten sin autorización durante las horas establecidas.
Esta acción se da en el marco del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización que agrupa a los principales sectores indígenas del país. La CONAIE rechaza frontalmente el aumento del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, y lo considera una política regresiva que perjudica especialmente al sector rural.
Según el Decreto Ejecutivo 146, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están facultadas para intervenir y disolver reuniones públicas si consideran que hay amenazas a la seguridad. La norma amplía además el estado de excepción a Chimborazo, lo que permite una limitación más severa a ciertos derechos constitucionales en nombre del orden público.
“El objetivo del toque de queda es garantizar el libre tránsito, proteger la vida de los ciudadanos y prevenir bloqueos violentos”, señaló el mandatario en el documento. Sin embargo, la medida ha sido vista por sectores sociales como un intento de criminalizar la protesta legítima en lugar de abrir canales de diálogo.
Las provincias bajo el toque de queda concentran la mayor cantidad de movilizaciones registradas en los últimos días, muchas de ellas en territorios clave para la producción agrícola y el transporte nacional. Esto ha generado interrupciones en la cadena de suministros y un impacto económico que ya comienza a sentirse.
“No vamos a dar un paso atrás hasta que el gobierno atienda nuestra demanda de justicia y recupere el subsidio al diésel”, advirtió el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, en declaraciones difundidas en medios locales. Iza calificó la medida como represiva y denunció que el Ejecutivo actúa “de espaldas al pueblo”.
El gobierno, por su parte, ratificó la vigencia de restricciones al derecho de reunión, insistiendo en la necesidad de mantener la coordinación entre fuerzas del orden para evitar “alteraciones del orden público”. La duración del estado de excepción será de 60 días y se aplica ya en ocho provincias.
El decreto también deja abierta la posibilidad de modificar las restricciones impuestas en función del desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha tentativa para levantar el toque de queda ni se ha confirmado un acercamiento oficial con los líderes indígenas.
