El Ejecutivo formalizó el inicio del proceso de privatización de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, mediante la publicación del Decreto 564/2025 en el Boletín Oficial.
El texto instruye a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía a concretar un concurso público —a nivel nacional e internacional— para la venta de las acciones en un plazo de 60 días.
Mientras tanto, las concesionarias vigentes (Orazul Energy, Enel, AES Argentina y Central Puerto) podrán continuar operando los complejos hasta que se realice la transferencia, según establece el decreto.
Las empresas deben respaldar su participación con una garantía millonaria de 4,5 millones de dólares y permitir inspecciones por parte de los posibles compradores. Si las concesionarias rechazan la prórroga, de todas formas quedan obligadas a mantener la operación al menos por 90 días hábiles, garantizando así la continuidad del suministro eléctrico en el país.
Esta política de privatización profundiza una visión liberal que críticos califican de despatarre mercantilista, argumentando que pone en riesgo la soberanía energética.
Desde la oposición y organizaciones sociales, se denuncia que esta estrategia favorece intereses privados a expensas del interés público y desvanece una fuente de riqueza estratégica nacional.
La forma en que se estructure el futuro concurso —transparencia, condiciones para los licitantes, mecanismos de control social— será clave para evaluar si este proceso se sostiene ante el escrutinio público.
A favor del gobierno, se sostiene que la privatización puede atraer inversiones, modernizar la infraestructura y aliviar la carga fiscal del Estado. Pero estas promesas están bajo mirada crítica por quienes exigen pruebas de los beneficios.
