El Gobierno nacional de Argentina anunció la eliminación total de los aranceles de importación sobre teléfonos celulares, una decisión que forma parte de su plan de desregulación económica y que busca generar una baja en los precios al consumidor. El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial Manuel Adorni en Casa Rosada, quien precisó que la medida se implementará a través de un decreto que se publicará en los próximos días.
“Los aranceles de importación, que hoy están en 16%, bajarán a 0%. Es una medida concreta para fomentar la competencia y beneficiar directamente a los usuarios”, afirmó Adorni durante su habitual rueda de prensa.
La eliminación de los aranceles se hará en dos fases. En la primera, que entrará en vigencia con la publicación del decreto (prevista entre jueves o viernes), el arancel bajará del 16 al 8%. La segunda etapa, en la que se eliminará por completo el impuesto, se aplicará desde el 15 de enero de 2026, cuando la tasa pasará a 0%.
En paralelo, el Gobierno reducirá los impuestos internos que gravan a los productos electrónicos, tanto importados como los fabricados en Tierra del Fuego. Para los importados, el tributo bajará del 19% actual al 9,5%. Para los nacionales producidos en la isla, se eliminará por completo, pasando del 9,5% al 0%.
Tierra del Fuego cuenta con un régimen de promoción industrial vigente desde hace más de 40 años. Con este cambio, el beneficio fiscal se ampliará y podría mejorar la competitividad de los productos nacionales.
Según Adorni, el objetivo del Gobierno es “mejorar la accesibilidad a la tecnología, fortalecer la competencia y lograr precios más razonables” en un rubro que ha acumulado subas superiores a la inflación general. La decisión fue interpretada por analistas del sector como un intento de equilibrar el mercado y aliviar el impacto que la inflación y la cotización del dólar tienen sobre los bienes electrónicos.
Sin embargo, advierten que el efecto sobre los precios finales dependerá también de otros factores como los costos logísticos, el nivel de demanda y la reacción del sector empresarial. La iniciativa forma parte de una serie de medidas que el Ejecutivo viene impulsando para desregular distintos sectores de la economía, con la promesa de “ordenar el mercado” y reducir distorsiones que, según argumentan, afectan a los consumidores.
