En una acción coordinada por el FBI y el Departamento de Justicia, 16 presuntos integrantes de la pandilla Anti-Tren fueron arrestados en Houston, Texas, como parte de la operación “Recuperemos Estados Unidos”, un programa federal destinado a frenar la expansión de redes criminales vinculadas a la migración irregular y el narcotráfico.
La Anti-Tren es considerada una escisión del Tren de Aragua (TDA), la organización criminal de origen venezolano que ha expandido su presencia en varios países del continente. Según las autoridades estadounidenses, los detenidos estarían implicados en actividades de tráfico de drogas, armas y hechos de violencia en la ciudad.
Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston, calificó la redada como “la mayor realizada hasta ahora contra miembros y colaboradores de Anti-Tren”. Afirmó que la operación representa un punto de inflexión en la respuesta de las agencias federales a este tipo de amenazas.
De los 16 arrestados, 14 enfrentan cargos por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, mientras que los otros dos fueron acusados de delitos relacionados con la posesión y comercialización de armamento. Las penas podrían llegar a la cadena perpetua, además de multas millonarias.
Entre los involucrados figura José Miguel Briceño, ciudadano venezolano de 25 años en situación migratoria irregular. Según la fiscalía, Briceño estaría relacionado con un tiroteo ocurrido en marzo en el Latinas Sports Bar, donde seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico.
Briceño fue acusado de disparar en la entrada del local y luego deshacerse del arma, que no pudo ser recuperada. Se le imputaron además cargos por posesión ilegal de municiones siendo extranjero, lo que podría acarrear hasta 15 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
El fiscal federal Nicholas Ganjei señaló que este caso encarna dos prioridades estratégicas del Distrito Sur de Texas: reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen violento. “Se trata de impedir que estas organizaciones se arraiguen en nuestras comunidades”, afirmó.
La operación contó con el respaldo de la fuerza especial Joint Task Force Vulcan, originalmente creada para desarticular la pandilla MS-13, pero que ha ampliado su enfoque hacia otras redes criminales como el TdA. La fiscal general Pam Bondi supervisa actualmente su despliegue nacional.
El Departamento de Justicia considera a Anti-Tren como una amenaza emergente, caracterizada por su violencia territorial y su vinculación directa con actividades ilícitas transnacionales. Su estructura, aunque fragmentada, es vista como una extensión del poder del Tren de Aragua en Estados Unidos.
La ofensiva forma parte de una narrativa oficial más amplia, que vincula la criminalidad organizada con los flujos migratorios irregulares. Las autoridades subrayan que estas acciones no apuntan a criminalizar la migración, sino a identificar y neutralizar estructuras que explotan el fenómeno con fines delictivos.
La administración estadounidense reafirmó que continuará destinando recursos federales a este tipo de operaciones, con el objetivo de proteger a la población civil de hechos violentos y frenar el crecimiento de organizaciones que, como Anti-Tren, amenazan la estabilidad y la legalidad en territorios fronterizos.
