La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una reforma constitucional que consolidará aún más el poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, en un movimiento que ha generado fuertes críticas internacionales. La reforma, que modifica 148 de los 198 artículos de la Constitución, deroga 37 y transforma la estructura política del país, ha sido considerada un paso hacia la centralización autoritaria del poder.
Una de las principales modificaciones es la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, lo que refuerza la permanencia de Ortega en el poder. Además, se introduce la figura de un “copresidente”, que permitirá a Rosario Murillo desempeñar un papel más preeminente como figura política, sin necesidad de una elección popular para el cargo.
La reforma también establece que la Presidencia del país coordinará todos los órganos del Estado, que ahora dejarán de llamarse poderes y pasarán a ser considerados órganos subordinados al Ejecutivo. Esta reconfiguración, según los opositores, elimina el principio de separación de poderes, un pilar fundamental en cualquier democracia.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es la creación de la “policía voluntaria” y las “fuerzas militares de reserva patriótica”, entidades que, según los críticos, podrían estar destinadas a actuar como grupos parapoliciales y paramilitares. Estos cuerpos se sumarán a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, ambos bajo el control directo de Ortega, quien se ha asegurado de que la Jefatura Suprema de estos organismos dependa exclusivamente de la Presidencia.
El jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, defendió la reforma señalando que toda Constitución debe ajustarse a las “realidades sociales” y que el poder del Estado reside en el pueblo. Sin embargo, esta visión ha sido rechazada por organismos internacionales, como la ONU, la OEA y gobiernos de varios países, que han alertado sobre el riesgo de un autoritarismo creciente en Nicaragua.
La reforma también contempla un control más estricto sobre los medios de comunicación. El Estado se encargará de velar para que los medios no estén “sometidos” a intereses extranjeros ni difundan “noticias falsas” que puedan poner en peligro los derechos de los nicaragüenses. Este aspecto ha generado preocupación por la libertad de prensa, especialmente en un contexto donde ya se ha denunciado la represión de la oposición y el control de los medios a través de diversas formas de censura.
Desde que Ortega asumió nuevamente el poder en 2007, tras un periodo en la presidencia durante los años 80, Nicaragua ha atravesado una serie de reformas constitucionales. Sin embargo, este último cambio profundiza la concentración de poder en manos del Ejecutivo, algo que, según los opositores, socava la democracia del país. A pesar de las protestas y las denuncias de fraude electoral, Ortega ha logrado mantenerse en el poder con el respaldo de un sistema político que ha logrado marginalizar a la oposición.
La figura de la “copresidencia” también ha sido vista como un intento de garantizar que el control del país permanezca en manos de la familia Ortega-Murillo. Esta medida podría ser interpretada como un paso hacia una dinastía política que no depende de elecciones libres y competitivas, sino de una estructura de poder cada vez más centralizada.
Desde las revueltas de 2018, cuando la reforma al sistema de seguridad social desató una serie de protestas masivas, Ortega ha sido acusado de usar la fuerza del Estado para sofocar a la oposición. Los grupos de derechos humanos han denunciado que las «fuerzas voluntarias» podrían estar destinadas a realizar tareas represivas, como ocurrió durante la “Operación Limpieza” en la que se eliminaron manifestaciones antigubernamentales.
La nueva reforma también reitera el carácter de Nicaragua como un “Estado revolucionario”, que subraya su independencia y soberanía, aunque estas proclamaciones no son suficientes para calmar las críticas de quienes ven en este cambio una marcha hacia el autoritarismo.
El panorama para la oposición nicaragüense sigue siendo sombrío, ya que las reformas constitucionales no solo aumentan el poder presidencial, sino que también limitan las posibilidades de una competencia política real. Con una estructura de poder tan consolidada, los opositores temen que cualquier intento de desafiar a Ortega sea sofocado rápidamente con el uso de fuerzas paramilitares y la vigilancia del Estado.
Esta reforma constitucional es solo el último capítulo en la prolongada permanencia de Ortega en el poder. En los últimos años, ha recurrido en varias ocasiones a la modificación de la Carta Magna para fortalecer su control político, incluida la posibilidad de reelección indefinida, lo que ha generado serias dudas sobre la viabilidad de una transición democrática en el futuro cercano.
Nicaragua, bajo el liderazgo de Ortega, enfrenta un dilema complejo: el país sigue siendo considerado por muchos como un ejemplo de autoritarismo disfrazado de democracia, mientras que la reforma constitucional pone en evidencia una realidad política donde la disidencia no tiene cabida.
