Este miércoles, la Cámara de Diputados de Chile aprobó de manera definitiva la reforma a la Ley de pensiones que había sido impulsada por el presidente Gabriel Boric. Con esta aprobación, el proyecto pasó a manos del mandatario, quien deberá promulgarlo para que entre en vigor, según informó la propia Cámara en un comunicado oficial.
El texto, que ya había sido avalado por el Senado, introduce la creación de un sistema mixto de pensiones. Este nuevo esquema combinará tres fuentes para financiar las pensiones de los trabajadores: el ahorro individual de cada uno, las contribuciones del Estado y las aportaciones de los empleadores.
Entre los aspectos más destacados de la reforma se incluye una nueva cotización adicional que será asumida por los empleadores, equivalente al 7% de los salarios, destinado tanto a la capitalización individual como al nuevo Seguro Social. Este seguro busca proporcionar una red de seguridad para los trabajadores en caso de riesgos laborales y otras eventualidades.
Otro de los puntos clave de la reforma es el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio otorgado por el Estado a aquellos ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos, como tener 65 años o más y no pertenecer al 10% más rico de la población. Con la reforma, se espera que la PGU suba de los actuales US$ 216 a alrededor de US$ 252, un incremento que se implementará en etapas.
El aumento en la PGU comenzará con los beneficiarios mayores de 82 años, quienes verán el cambio en los primeros seis meses después de la promulgación. Posteriormente, el ajuste se hará efectivo para quienes tengan 75 años o más, en un plazo de 18 meses, y finalmente, para los de 65 años o más, en un plazo de 30 meses.
Además, la reforma propone aumentar la competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con la intención de que los trabajadores puedan acceder a mejores condiciones en la gestión de sus ahorros y así obtener mejores rendimientos a largo plazo.
La aprobación de esta reforma, que estuvo más de dos años en debate, fue un proceso largo y complejo. El proyecto fue presentado al Congreso en noviembre de 2022, y tras varios ajustes, la Cámara aprobó una primera versión en enero de 2024. Tras modificaciones en el Senado, finalmente se alcanzaron los consensos necesarios para su aprobación.
En un mensaje publicado en X, el presidente Boric celebró la aprobación de lo que calificó como una reforma “histórica” y destacó el esfuerzo de los distintos sectores involucrados para llegar a un acuerdo. Aunque reconoció que no se logró todo lo que el Gobierno esperaba, enfatizó que la reforma beneficiará a 2,8 millones de adultos mayores y mejorará la calidad de vida de las futuras generaciones de pensionados.
Sin embargo, no todos comparten la misma visión. Algunos opositores, como el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano, cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y manifestaron su rechazo. Sánchez criticó el enfoque del gobierno y alegó que la reforma favorecía a “extremistas de izquierda” sin haber demostrado un impacto positivo en la economía.
Por su parte, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones expresó preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de la reforma, advirtiendo que podría tener consecuencias negativas en las futuras generaciones de pensionados. La institución señaló que los efectos de los cambios podrían no ser evidentes de inmediato, pero que el costo lo pagarían los pensionados de las próximas décadas.
En resumen, la reforma de pensiones aprobada por la Cámara de Diputados de Chile marca un avance significativo en la política social del país. Sin embargo, la falta de consenso y las críticas tanto desde la oposición como desde sectores relacionados con la gestión de fondos de pensiones sugieren que la implementación de estos cambios estará lejos de ser sencilla. La reforma, que busca mejorar las pensiones de los chilenos, deberá superar nuevos desafíos a medida que se implementen sus medidas en el futuro cercano.
