El gobierno de Donald Trump ha decidido trasladar de regreso a los 40 migrantes que recientemente habían sido enviados a la base militar de Guantánamo, Cuba, según reportó el diario The New York Times. Este movimiento se produce días antes de que un tribunal federal en Washington escuche un desafío legal contra la controvertida política migratoria de la administración, que desde enero ha llevado a 290 migrantes de 27 países a pasar por la base militar de Guantánamo.
Hasta el momento, el gobierno no ha emitido un comunicado oficial sobre el traslado de los migrantes a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, ni ha explicado las razones de la medida. Sin embargo, fuentes anónimas informaron que el traslado ocurrió el martes 11 de marzo, con la mayoría de los migrantes siendo enviados al Aeropuerto Internacional de Alexandria, en el centro de Luisiana, un punto clave para la detención y traslado de inmigrantes en el país.
Desde febrero de este año, la administración Trump ha utilizado la instalación en Guantánamo para detener a migrantes, una medida que ha suscitado múltiples críticas. La base, que antes servía como prisión para sospechosos de terrorismo, fue reconvertida por el gobierno para albergar a migrantes, una decisión que ha sido defendida por la administración como una medida para controlar a los individuos considerados peligrosos. Entre ellos, se encuentra el supuesto vínculo con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua, recientemente designado como organización terrorista extranjera.
Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha presentado pruebas fehacientes que vinculen a los migrantes detenidos en Guantánamo con esta organización criminal. A pesar de ello, la administración ha insistido en que la base es un lugar adecuado para la detención de personas que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, hasta el pasado viernes, 17 migrantes permanecían en un centro de seguridad media y otros 23 en la antigua prisión militar de Camp Six, en Guantánamo. Un informe del Departamento de Justicia también detalla que los migrantes han sido sometidos a rigurosas medidas de seguridad, incluidas búsquedas corporales y el uso de sillas de inmovilización tras incidentes de autolesión.
La operación de detención en Guantánamo ha tenido un alto costo. Según un informe presentado la semana pasada a una delegación del Congreso, la operación ha ascendido a 16 millones de dólares. La misión de detención involucra a más de 1.000 efectivos de seguridad y contratistas civiles, muchos de los cuales fueron desplazados desde bases militares en Estados Unidos para participar en el operativo.
En respuesta a la medida, varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas legales contra la política migratoria de Trump. Una de estas demandas busca garantizar que los migrantes detenidos tengan acceso a abogados, mientras que la otra cuestiona la legalidad de trasladar a los migrantes a Guantánamo. Ambas demandas han sido asignadas al juez federal Carl J. Nichols, quien fue designado por Trump y que escuchará los argumentos este viernes.
El Departamento de Justicia ha defendido la legalidad de la medida bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que la base de Guantánamo es una instalación adecuada para la detención de migrantes. Sin embargo, expertos en derecho migratorio han señalado que la ley no permite el traslado de detenidos a territorio extranjero sin el consentimiento del país anfitrión, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de esta política.
Mientras tanto, el gobierno ha asegurado que no realizará más traslados a Guantánamo al menos hasta el 17 de marzo, según documentos judiciales presentados esta semana. Este plazo otorga un respiro momentáneo a la polémica medida, pero no resuelve la creciente controversia que ha generado la política migratoria de la administración Trump.
