Estados Unidos endureció su postura contra el régimen venezolano este jueves, al aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro. La decisión, anunciada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, es parte de una estrategia para intensificar la presión internacional sobre el mandatario, a quien acusan de liderar una organización narcoterrorista transnacional.
“El presidente Nicolás Maduro debe ser llevado ante la justicia”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). El funcionario aseguró que el mandatario venezolano encabeza el llamado Cártel de Los Soles, al que calificó como una red despiadada que ha tomado control de Venezuela.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue más allá y señaló que la relación entre ambos países ha dejado de ser un tema diplomático. “Venezuela ha sido secuestrada por una banda criminal. Esta recompensa no es un gesto político, es una acción de aplicación de la ley”, afirmó. Además, subrayó que es la mayor recompensa ofrecida por EE. UU. en su historia, duplicando incluso la suma que se ofrecía por Osama bin Laden.
La medida se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), diseñado para combatir redes criminales a nivel global. Según las autoridades estadounidenses, Maduro lleva más de una década al frente de una estructura delictiva compuesta por militares y altos funcionarios civiles venezolanos, implicados en el envío sistemático de cocaína hacia territorio norteamericano.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. clasificó oficialmente al Cártel de Los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT). Esta calificación no sólo endurece las sanciones económicas, sino que permite nuevas acciones legales bajo normas antiterroristas.
Además del narcotráfico, Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, al considerar fraudulento el proceso electoral del 28 de julio de 2024. La administración Trump, en funciones tras su retorno al poder, considera al líder venezolano un dictador sostenido por la represión política.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, calificó la recompensa como “un anuncio histórico” y acusó a Maduro de ser una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. Según Bondi, la DEA ha confiscado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen venezolano, y al menos siete toneladas estarían directamente asociadas a Maduro. También lo relacionó con las FARC y el Cártel de Sinaloa.
Desde septiembre de 2024, el gobierno estadounidense habría incautado más de 700 millones de dólares en activos ligados a Maduro, incluidos bienes y dos aeronaves. La fiscal indicó que el dictador venezolano podría enfrentar cadena perpetua si es capturado y declarado culpable en una corte federal de EE. UU.
El caso ganó impulso tras la declaración de culpabilidad del exjefe de inteligencia venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal, en una corte estadounidense en junio pasado. Carvajal habría proporcionado información clave que incrimina directamente a Maduro en delitos de narcotráfico y terrorismo internacional, según reportes del Miami Herald.
La respuesta desde Caracas no se hizo esperar. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la medida como una “cortina de humo ridícula” y una “burda operación de propaganda política”. En un mensaje difundido en Telegram, sostuvo que “la dignidad de la patria no se vende”.
Ese mismo día, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, denunció un supuesto intento de atentado con explosivos en una zona comercial de Caracas. Aunque no presentó pruebas, atribuyó el hecho a los servicios de inteligencia de EE. UU. y a sectores de la oposición venezolana.
Pese a las reacciones del régimen chavista, la administración Trump reafirmó su compromiso de llevar a Maduro ante la justicia internacional, y reiteró que la captura del líder venezolano es una prioridad. “No escapará de sus crímenes”, advirtió un vocero del Departamento de Justicia.
