Este viernes, Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, quien fue juramentado en el Parlamento de Venezuela como presidente para el periodo 2025-2031. El mandatario venezolano enfrenta acusaciones de narcotráfico, un cargo que el gobierno de Joe Biden ha utilizado para aumentar la presión internacional sobre su régimen.
El anuncio de la recompensa forma parte de un paquete más amplio de sanciones impuestas por la administración estadounidense, que sigue cuestionando la legitimidad de Maduro. La ceremonia de juramentación, que se celebró en medio de fuertes tensiones políticas, fue rechazada por la oposición, que sigue acusando al gobierno de un “golpe de Estado” y defendiendo la victoria electoral de Edmundo González Urrutia.
Además de la recompensa por Maduro, Estados Unidos también ha ofrecido 25 millones de dólares por información sobre el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Estos altos funcionarios son señalados por el gobierno de Biden por su presunta implicación en el control de actividades ilícitas y la represión interna.
En el marco de esta nueva ofensiva diplomática, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho altos cargos del gobierno venezolano. Entre los sancionados se encuentran Héctor Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes. Las sanciones están dirigidas a aquellos que, según Washington, son responsables de la represión del pueblo venezolano.
El gobierno de Biden también advirtió que tomará “medidas adicionales” para limitar los ingresos de Maduro y sus representantes. Estas medidas incluirán la revisión de activos venezolanos en el extranjero, buscando restricciones más estrictas que dificulten el flujo de fondos al régimen.
Por otro lado, y en un intento por proteger a la comunidad venezolana en Estados Unidos, la administración extendió por 18 meses el estatus de protección temporal (TPS) para miles de venezolanos que residen en el país, lo que les permite trabajar y vivir sin temor a la deportación.
El paquete de sanciones no incluye, sin embargo, nuevas restricciones para empresas extranjeras como Chevron, que sigue operando en Venezuela bajo ciertas condiciones. Este hecho refleja una estrategia más matizada en cuanto a las relaciones económicas de Estados Unidos con Venezuela, mientras sigue presionando políticamente al régimen de Maduro.
Desde la Casa Blanca, un alto funcionario explicó que las sanciones son una respuesta a los “recientes eventos en Venezuela”, haciendo referencia a la toma de posesión de Maduro, que fue calificada de “falsa” por la oposición. La autoridad electoral proclamó a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, pero se ha criticado la falta de transparencia y la negativa de ofrecer resultados detallados de los comicios.
Este funcionario también destacó que, de acuerdo con las actas presentadas por la oposición, hay “pruebas indiscutibles” de que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio, un argumento que ha alimentado la crisis política interna en el país.
