Ecuador ha dado un giro importante en su política migratoria, dejando sin efecto la amnistía que permitió la regularización de miles de migrantes venezolanos que llegaron al país sin documentación. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto el martes para derogar esta medida, lo que implica un cambio significativo en la atención y gestión de los migrantes venezolanos que residen en el país.
La amnistía migratoria había sido implementada en años anteriores para facilitar la residencia legal y la concesión de visas a los venezolanos y sus familias. Sin embargo, el nuevo decreto se justifica en la falta de fondos para mantener los programas migratorios, los cuales dependían en gran medida de la cooperación internacional, particularmente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
De acuerdo con el comunicado oficial, Ecuador ha experimentado recortes y suspensiones en varias fuentes de financiamiento que anteriormente respaldaban estos programas, lo que ha generado la necesidad de ajustar la política migratoria. Aunque el nuevo decreto menciona que los acuerdos bilaterales suscritos previamente “no responden a la realidad de la ciudadanía”, no se detallaron más especificaciones sobre el contexto que llevó a esta decisión.
En cuanto a la magnitud del impacto, Ecuador es uno de los principales destinos de los migrantes venezolanos, con aproximadamente 450,000 ciudadanos venezolanos residiendo en el país, según estimaciones de ACNUR. Estos migrantes se han visto desplazados por la grave crisis económica y social que atraviesa Venezuela, un éxodo que ha afectado a más de 7,7 millones de venezolanos que han huido de su país en los últimos años.
El estatuto binacional que Ecuador eliminó fue ratificado en 2011 por el presidente Rafael Correa y facilitaba la regularización de migrantes de ambos países. Sin embargo, la reciente revocación de esta medida representa un retroceso en los acuerdos previos, y podría generar incertidumbre entre los migrantes venezolanos en Ecuador, quienes se beneficiaban de una mayor facilidad para regularizar su estatus.
El decreto firmado por Noboa establece que el país realizará ajustes a su política migratoria, pero la falta de detalles específicos deja abiertas muchas preguntas sobre los próximos pasos. La medida se toma en un contexto de tensiones económicas internas y un panorama internacional incierto, lo que también refleja las dificultades que enfrentan otros países latinoamericanos con el flujo migratorio.
Este cambio de enfoque en la política migratoria también marca una diferencia con las decisiones tomadas por el anterior presidente Guillermo Lasso, quien había firmado una amnistía migratoria similar en junio de 2023, que permitió la regularización de los migrantes venezolanos a través de un proceso extraordinario. En esa ocasión, Lasso buscaba mitigar la creciente presión de la migración venezolana en Ecuador y mejorar las condiciones de vida de los migrantes.
A pesar de las promesas de regularización que se hicieron en el pasado, la derogación de esta amnistía pone en evidencia las dificultades financieras del gobierno de Noboa, que se enfrenta a una deuda internacional y a los recortes en ayuda externa. Además, el gobierno debe equilibrar sus políticas internas con las demandas de la comunidad internacional, que sigue pidiendo respuestas a la crisis migratoria venezolana.
Aunque la política migratoria ha sido flexibilizada en algunos países de la región para atender la crisis de los migrantes venezolanos, Ecuador ha decidido cambiar de rumbo, poniendo en evidencia los límites de la cooperación internacional y los desafíos internos que enfrenta el país.
Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han alertado sobre los riesgos que implica la falta de una política migratoria inclusiva y solidaria, especialmente cuando se habla de un éxodo masivo de personas que huyen de la violencia y la pobreza. La decisión de Ecuador, aunque defendida por el gobierno de Noboa como una medida pragmática, podría generar reacciones tanto internas como internacionales que cuestionan la efectividad de los ajustes migratorios.
En el caso de los migrantes venezolanos en Ecuador, el panorama se vuelve cada vez más incierto. Aunque el gobierno ecuatoriano ha prometido una mayor vigilancia y control de la migración irregular, no se sabe cómo se manejará la situación de aquellos que han llegado al país en busca de una vida mejor.
