Entre 2.000 y 3.000 militares del Ejército de Ecuador arribaron este 10 de octubre a Quito procedentes de Manta y Guayaquil, en el marco de un plan preventivo frente a posibles protestas.
La movilización responde a los llamados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones a intensificar las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel.
Según información oficial, el contingente estará acompañado de medios aéreos y terrestres con el objetivo de “precautelar la seguridad en toda la capital”, confirmó la oficial de comunicación del Ejército.
Los efectivos se concentrarán en la plataforma de Petroecuador y el aeropuerto Mariscal Sucre, desde donde los grupos tácticos se desplegarán para impedir el ingreso de manifestantes provenientes de otras provincias.
El despliegue ocurre en un contexto de alta tensión política y social, tras más de dos semanas de movilizaciones que han generado preocupación en el Ejecutivo.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, advirtió que las Fuerzas Armadas “no permitirán que las movilizaciones lleguen a Quito” y que las acciones se ejecutarán “con firmeza y dentro de la ley”.
Loffredo aseguró que el paro promovido por la Conaie “busca caotizar y destruir” y subrayó que el gobierno mantendrá el control del orden público para proteger el libre tránsito de los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas trabajan en coordinación con la Policía Nacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas y evitar bloqueos en rutas principales del país.
El despliegue militar también responde a la advertencia de grupos sociales que han anunciado nuevas concentraciones en Quito, y a incidentes recientes como el ataque a la caravana presidencial en Cañar, calificado por Loffredo como “acto de terrorismo”.
El bloque de seguridad tiene instrucciones de mantener despejadas las vías de acceso y controlar eventuales focos de alteración del orden, sin permitir actos de vandalismo ni destrucción de bienes públicos o privados.
Aunque no se ha declarado un nuevo estado de excepción tras el revés en la Corte Constitucional, la presencia militar se ha incrementado visiblemente desde el 8 de octubre, con patrullajes y controles en puntos estratégicos de la capital.
