La Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigencia este miércoles en Ecuador tras su publicación en el Registro Oficial, un día después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos favorables. La norma, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca reforzar el aparato estatal para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país. Sin embargo, ha despertado preocupación en sectores políticos y de derechos humanos por los riesgos que plantea a las libertades civiles.
La legislación crea el Sistema Nacional de Inteligencia, una estructura que articulará el trabajo de siete subsistemas operativos. Estará centrada en ámbitos como seguridad policial, defensa militar, control financiero, fiscalización tributaria, administración penitenciaria, supervisión aduanera y protección presidencial.
Desde el Ejecutivo se defiende la Ley como una herramienta imprescindible para desarticular organizaciones criminales, en un país que, solo en 2023, registró más de 8.000 homicidios, muchos atribuidos al narcotráfico. En enero, Noboa declaró el estado de “conflicto armado interno”, lo que marcó un giro en la política de seguridad nacional.
No obstante, la nueva normativa ha sido objeto de críticas por parte de bloques opositores, organizaciones de derechos humanos y expertos legales. Uno de los puntos más controvertidos es la facultad que se otorga a las agencias de inteligencia para acceder a información privada de los ciudadanos sin una orden judicial clara en todos los casos.
Según el texto legal, las oficinas de inteligencia podrán requerir datos en tiempo real e históricos a las operadoras de telecomunicaciones, incluyendo registros de llamadas, ubicación de dispositivos, historial de conexiones, entre otros. Aunque la ley establece que estos procedimientos deben respetar principios como la necesidad y la proporcionalidad, no se precisan límites técnicos ni mecanismos independientes de supervisión.
La legislación también autoriza de forma explícita el uso de identidades ficticias por parte de los agentes del sistema, lo que ha generado inquietud sobre las implicaciones legales y éticas de dicha práctica. La norma indica que esto no constituirá delito ni infracción para quienes actúen en funciones de inteligencia.
Otro aspecto que levanta cuestionamientos es la creación de una partida de “gastos especiales” con carácter reservado, la cual estará exenta de impuestos y de las reglas de contratación pública. Solo podrá ser auditada por la Contraloría General del Estado, aunque el reglamento que debe establecer los procedimientos aún no ha sido emitido.
Desde el oficialismo, se argumenta que estas medidas son necesarias en un contexto de emergencia. Voceros del Gobierno han señalado que la lucha contra el crimen organizado requiere estructuras de inteligencia más robustas y ágiles, capaces de anticipar amenazas y desarticular redes ilegales con mayor eficacia.
El respaldo parlamentario provino de las bancadas cercanas al Gobierno, de algunos legisladores del movimiento indígena Pachakutik y de varios independientes. La oposición, sin embargo, ha cuestionado la celeridad con que se aprobó la normativa y su falta de control externo efectivo.
