La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes una polémica Ley impulsada por el presidente Daniel Noboa que otorga al Estado mayores facultades para supervisar y sancionar a organizaciones sin fines de lucro. Se trata de la Ley de Transparencia Social, respaldada por el bloque oficialista y cuestionada por sectores de la oposición y entidades internacionales.
Desde el Ejecutivo, la norma fue presentada como un instrumento necesario para prevenir delitos financieros, combatir la minería ilegal y evitar que las ONGs sirvan como canales de lavado de dinero. “Algunas de estas entidades se han vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad”, afirmó Noboa en defensa del proyecto.
Durante el debate, la legisladora oficialista Mishel Mancheno citó datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que reportó más de 600 millones de dólares en operaciones injustificadas en lo que va del año, y mencionó que el Banco Central detectó más de 22.000 millones sin respaldo entre 2007 y 2020.
La ley establece mecanismos de control sobre la procedencia y uso de fondos de asociaciones, fundaciones y otras entidades civiles. El Estado podrá inspeccionar sus actividades, exigir reportes financieros y, en caso de detectar irregularidades, aplicar sanciones que incluyen la disolución.
Desde el oficialismo se destacó que la propuesta fue debatida en comisión con participación de organizaciones sociales y expertos, y se presentó como fruto de un consenso legítimo. Sin embargo, la sesión plenaria se desarrolló en un ambiente de tensión, con la oposición denunciando que la norma puede ser utilizada para limitar el derecho a la libre asociación.
La relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, expresó su preocupación y advirtió que la ley estigmatiza a las organizaciones sociales al vincularlas directamente con actividades ilícitas sin evidencias sólidas.
Revolución Ciudadana, el principal bloque opositor liderado por el expresidente Rafael Correa, calificó la norma como “inconstitucional” y denunció que se introdujeron reformas tributarias y financieras sin discusión previa. Según el movimiento, se busca garantizar impunidad para sectores de poder económico.
La legisladora de RC, Paola Cabezas, fue enfática en señalar que la iniciativa no busca transparencia sino “control y persecución”. Aseguró que se trata de una estrategia para silenciar a movimientos sociales, defensores de derechos humanos e indígenas que han cuestionado políticas del gobierno.
La ley forma parte de un paquete de reformas económicas urgentes promovidas por Noboa y aprobadas en tiempo récord por la Asamblea. Otras normas recientes han sido impugnadas ante la Corte Constitucional, donde aún se analiza su legalidad.
Entre esas reformas figuran medidas que han generado controversia, como la posibilidad de otorgar “indultos anticipados” a miembros de fuerzas de seguridad o el fortalecimiento de los servicios de inteligencia con menos controles.
La Ley de Transparencia Social, lejos de cerrar el debate, abre una nueva etapa de conflicto político y jurídico en Ecuador. Mientras el gobierno defiende su necesidad para proteger la economía nacional, organizaciones de la sociedad civil temen una ofensiva institucional que debilite el tejido democrático.
