Una publicación del medio argentino Infobae sacudió este lunes el escenario político y judicial paraguayo al revelar que un equipo conjunto de fiscales de Paraguay y Argentina investiga presuntos vínculos financieros entre integrantes de la familia Rachid Lichi y personas acusadas de participar en el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
La denuncia se basa en documentos presentados a las autoridades por David Fernández Lichi, hijo de Watfa Rachid Lichi, que forman parte de una disputa sucesoria. La familia Rachid Lichi ha estado históricamente vinculada al Partido Colorado (ANR) y ocupa o ha ocupado altos cargos diplomáticos y políticos.
Entre los familiares de Watfa figuran el exsenador Bader Rachid Lichi, padre del actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; la exembajadora en Argentina y EE.UU., Leila Rachid; y Fohad Rachid, señalado como actual administrador de la empresa familiar SAFIO S.A., desde donde se habrían hecho las operaciones sospechosas.
Según los documentos, habría existido un movimiento de fondos por más de 12 millones de dólares entre 1989 y 2000, mediante transferencias desde una cuenta de Fohad Rachid en el Banco Holandés, destinadas a Ali Hussein Abdallah, señalado por la justicia argentina como colaborador clave del grupo terrorista Hizbulá y sospechoso en el ataque a la AMIA.
Ali Hussein Abdallah, quien falleció en 2020, estaba vinculado a Salman Raouf Salman, presunto coordinador del atentado, que vivió en la Triple Frontera hasta 1994. Los fiscales de la causa —Francisco Cabrera (Paraguay) y Sebastián Basso (Argentina)— se mantienen bajo cláusula de confidencialidad, pero confirmaron que los documentos forman parte de una investigación activa y conjunta.
Además de Abdallah, los documentos también vinculan a Hussein Mounir Mouzannar, un empresario libanés con ciudadanía paraguaya, acusado de colaborar con el ataque y que será juzgado en ausencia. Según Infobae, Mouzannar aparece como cliente habitual de SAFIO S.A., la misma empresa mencionada en el caso.
En Paraguay, Mouzannar está bajo una medida de inhibición de venta de bienes, confirmada por el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, lo que refuerza la seriedad con la que se toma el caso en ambos países. El empresario residía en Ciudad del Este, una zona históricamente vigilada por presuntos vínculos con el financiamiento terrorista.
Consultado sobre la revelación, el ministro Jalil Rachid afirmó no tener conocimiento de los documentos y se desligó de cualquier vínculo. “Nunca trabajé en esa empresa. Es un primo con muchos problemas judiciales, pero no tengo nada que ver”, declaró escuetamente a la prensa.
Hasta el momento, Leila Rachid, figura clave por su historial diplomático y familiar, no ha emitido declaraciones pese a los intentos por obtener su versión. Su nombre figura como socia de SAFIO junto a otros miembros de la familia.
La investigación aún no arroja pruebas concluyentes de delito por parte de los miembros de la familia, pero los documentos apuntan a un entramado de operaciones financieras que coinciden temporal y geográficamente con actores del atentado.
El atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, es considerado el peor ataque terrorista en la historia de Argentina. A más de tres décadas, las investigaciones continúan revelando nuevas ramificaciones en la región.
