El 27 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió la resolución Nº 2525/25, que inhabilita durante tres meses al Consorcio Arapoty Transformadores y a sus integrantes, Superkva Transformadores SA y Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, debido a incumplimiento contractual y mala fe.
El consorcio había firmado con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un contrato de G. 17.136 millones para suministrar 1.440 transformadores; sin embargo, sólo entregó 121, de los cuales los primeros 20 ni siquiera superaron las pruebas técnicas exigidas.
A pesar de esto, el consorcio había cobrado un anticipo de G. 3.427 millones el 4 de enero de 2021, dinero que aún no ha sido devuelto en su totalidad. La suma no reintegrada asciende a G. 3.139 millones.
La ANDE rescindió formalmente el contrato el 18 de enero de 2023, por los repetidos incumplimientos. En ese momento, además del anticipo, exigió la garantía del contrato, lo que eleva el monto total reclamado a G. 4.852 millones.
Luego de la rescisión, la ANDE remitió el caso a la DNCP para que ésta aplique las sanciones correspondientes conforme a la normativa de contrataciones públicas.
El sumario administrativo fue abierto el 13 de julio de 2023 bajo la legislación vigente cuando se firmó el contrato.
Sin embargo, el 13 de octubre de 2023, ya bajo otro gobierno, la DNCP suspendió el sumario administrativo invocando que el consorcio había presentado una demanda contenciosa administrativa contra las resoluciones de la ANDE, y afirmó que esas resoluciones estaban suspendidas en sus efectos.
Esa medida fue criticada, pues según expertos legales, la suspensión del sumario va en contra del artículo 21 de la Ley 2051/03 (vigente entonces), que establece que el proceso debe impulsarse y concluirse independientemente de otros procedimientos jurídicos paralelos.
El hecho de que el consorcio esté vinculado familiarmente al senador Dionisio Amarilla Guirland, y que esté representado por su padre, ha generado sospechas de trato preferencial y falta de transparencia en los actos administrativos.
La DNCP, bajo la dirección de Agustín Encina, justificó la suspensión del sumario para evitar decisiones administrativas contradictorias con decisiones judiciales o jurisdiccionales aún en curso.
Con la resolución 2525/25, la DNCP finalmente aplica sanciones, incluyendo la inhabilitación, tras haber concluido el sumario administrativo, casi dos años después de los primeros reclamos formales.
A la fecha, ni el consorcio ni la aseguradora (algunos exsocios del presidente) han devuelto los fondos reclamados; la ANDE avanza también por vías legales adicionales ante esta falta de cumplimiento.
Fuente: ABC Color
