En una ajustada sesión, los diputados aprobaron este miércoles cambios sustanciales al artículo 207 de la Ley Nº 1680, Código de la Niñez y de la Adolescencia, elevando la pena máxima para menores infractores de 8 a 10 años, cuando se trate de hechos punibles calificados como crímenes por la legislación penal ordinaria.
Esta reforma es una respuesta directa a la preocupación creciente sobre el uso de adolescentes por parte de redes criminales, que se aprovechan de las penas más bajas previstas en la legislación actual.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, vuelve ahora a la Cámara Alta debido a las modificaciones introducidas por los diputados, quienes redujeron la pena máxima planteada originalmente por los senadores: de 15 a 10 años.
La diputada Rocío Abed (ANR-HC), presidenta de la Comisión de Equidad y una de las principales impulsoras de las enmiendas, defendió el dictamen afirmando que busca equilibrar justicia, protección y reinserción para adolescentes en conflicto con la ley.
En su versión actual, el artículo 207 establece una pena máxima de ocho años para adolescentes que cometen crímenes. Con la reforma, se permitirá que el juez competente imponga hasta 10 años de reclusión en casos excepcionales, siempre que no haya otra medida que logre fines de reintegración social.
Entre los argumentos que sostienen esta iniciativa, se destaca el crecimiento del crimen organizado que recurre a menores por su vulnerabilidad penal, lo cual –según el proyecto– socava la autoridad del Estado y expone a los adolescentes a contextos extremos de violencia y muerte.
La propuesta también introduce criterios técnicos para evaluar el discernimiento del menor infractor, con peritajes psicológicos y psiquiátricos obligatorios, algo que actualmente no es sistemático en todos los procesos judiciales juveniles.
Además, contempla un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine penas proporcionales con programas obligatorios de rehabilitación y reinserción, atendiendo a estándares internacionales de justicia juvenil.
Otros elementos importantes del proyecto incluyen la incorporación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica del adolescente, permitiendo a los jueces valorar cada caso en profundidad y con una mirada integral.
El debate ahora se traslada nuevamente al Senado, donde se espera una intensa discusión entre los que defienden la línea punitiva como respuesta al crimen y los que exigen más inversión en prevención, educación y desarrollo social como pilares de una justicia verdaderamente restaurativa.
