La tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril en el club nocturno Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana, marcó uno de los desastres más devastadores en la historia reciente del país. Durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el techo del establecimiento se desplomó, causando la muerte de 236 personas y dejando más de 180 heridos. Entre las víctimas se encontraban figuras públicas como la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, y el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel.
Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía dominicana determinó que los propietarios del club, Antonio y Maribel Espaillat, actuaron con “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no intervenir para evitar el deterioro del techo, a pesar de conocer las condiciones estructurales del inmueble. Ambos fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario.
El colapso del techo ocurrió mientras más de 500 personas asistían al evento. Expertos en ingeniería civil han señalado que la sobrecarga de la estructura, sumada a la falta de mantenimiento adecuado, fueron factores determinantes en el desastre. El edificio, originalmente construido como cine en 1994, había sido modificado con el tiempo sin una supervisión rigurosa de las autoridades competentes.
Antonio Espaillat, en declaraciones previas, reconoció que el lugar presentaba filtraciones desde hacía años y que nunca se sometió a supervisiones estructurales. En lugar de reforzar el techo, se realizaron arreglos superficiales, como la colocación de paneles de yeso.
La tragedia ha generado una indignación generalizada en la sociedad dominicana, que exige justicia para las víctimas. Más de 50 demandas civiles han sido interpuestas contra la familia Espaillat, que además lidera un conglomerado de medios y es propietaria de un restaurante.
El gobierno dominicano ha reconocido un vacío legal en materia de regulación de infraestructuras y se ha comprometido a revisar la normativa vigente para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.
Mientras tanto, el Ministerio Público deberá decidir si presenta cargos formales en las próximas 48 horas, como establece la ley. La colaboración de los imputados con las autoridades judiciales será crucial para esclarecer los hechos y determinar la extensión de la presunta negligencia.
