Rodrigo de Melo Teixeira, quien llegó a ocupar la tercera posición más alta en la Policía Federal de Brasil bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, fue detenido este miércoles dentro de una masiva operación de investigación interna.
La operación, llamada Rejeito, está liderada por la propia Policía Federal e involucra al menos 22 órdenes de prisión preventiva y numerosos mandatos de búsqueda y aprehensión.
Teixeira ejercía hasta finales de 2024 como director de Policía Administrativa, siendo un miembro clave del liderazgo de la PF; actualmente trabajaba como director de administración y finanzas del Servicio Geológico de Brasil (SGB/CPRM).
La fiscalía afirma que el esquema habría generado ganancias ilícitas cercanas a los 1.500 millones de reales (unos 283 millones de dólares), con estrategias que incluían favores para empresas mineras y manipulación de permisos ambientales.
Uno de los ejes de la investigación es la relación de Teixeira con el empresario João Alberto Lages, señalada como instrumento para otorgar derechos de explotación minera “cedidos gratuitamente” para beneficio privado.
Se le imputa también que, cuando dirigía la PF en Brasilia, organizó reuniones con directivos de la ANM para revisar investigaciones en curso, e incluso intervino para apartar delegados encargados de esas pesquisas.
Los funcionarios involucrados provienen no sólo de instancias federales como la ANM y el IPHAN, sino también de gobiernos estatales de Minas Gerais, lo que sugiere un nivel de corrupción transversal.
El daño ambiental es parte central del caso, se investiga explotación ilegal en áreas protegidas y zonas de preservación, lo que podría traer consecuencias ecológicas y sociales graves.
También hay acusaciones de que la red criminal buscaba “neutralizar la acción del Estado”, complicando investigaciones, vigilando autoridades y obstruyendo la justicia.
Otra faceta es el lavado de dinero: según fuentes oficiales, los recursos obtenidos mediante prácticas corruptas habrían sido blanqueados a través de múltiples empresas vinculadas al sector minero.
Los cargos que enfrenta Teixeira y otros implicados van desde delitos ambientales, usurpación de bienes públicos, corrupción activa y pasiva, hasta organización criminal, lavado de capitales y obstrucción a la justicia.
