Autoridades uruguayas lograron rescatar a cinco mujeres y cuatro niños víctimas de redes dedicadas al proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual en Montevideo. Los operativos se llevaron a cabo tras una extensa investigación que permitió identificar prácticas de privación de libertad y control extremo sobre las trabajadoras.
La Policía uruguaya, en conjunto con Interpol, confirmó que dentro de varios prostíbulos de la capital las mujeres eran sometidas a amenazas, coacción y maltrato. Además, se les retenían los teléfonos celulares y se les imponían “multas abusivas” que profundizaban su situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el Ministerio del Interior.
Las autoridades señalaron que los responsables de estos establecimientos también distribuían sustancias ilegales entre las víctimas. Dos de los prostíbulos funcionaban bajo la gestión de los principales indagados y, en total, se identificaron más de 60 posibles víctimas afectadas por estas prácticas.
Juan Álvez, director de la Lucha contra el Crimen Organizado, explicó en conferencia de prensa que quienes fueron captadas para trabajar en estos lugares presentaban perfiles de especial vulnerabilidad, lo que facilitaba su sometimiento y explotación por parte de la red criminal.
La pesquisa comenzó hace tres años y se reactivó en junio de este año, cuando las autoridades desarrollaron una serie de procedimientos simultáneos que incluyeron allanamientos y órdenes de detención. Como resultado, cinco personas fueron arrestadas inicialmente, seguidas luego por otras cuatro en distintos puntos de la ciudad.
Finalmente, seis individuos fueron formalmente imputados. Tres de ellos deberán cumplir medidas cautelares y otros dos quedaron bajo restricciones limitativas. A los acusados se les adjudica participación en delitos continuados de proxenetismo y suministro oneroso de drogas, en reiteración real.
Según Álvez, varios de los elementos hallados durante la investigación como la retención de documentos, las condiciones de vida y las amenazas constituyen fuertes indicios de delitos de trata de personas y serán analizados en profundidad durante la etapa judicial.
Entre los imputados se encuentra la pareja propietaria de los prostíbulos y cuatro mujeres encargadas de supervisar a las víctimas. Los cuatro niños encontrados en el domicilio de los dueños del negocio eran de nacionalidad peruana, según informó la televisión local.
Los menores dos mellizos de tres años, uno de cinco y otro de seis contaban con documentación uruguaya, pero la justicia peruana mantiene activa una causa contra la pareja por presunta trata en la modalidad de venta de niños. Se investiga además si existió pago por alquiler de vientres en el extranjero.
Las víctimas, según determinó la Policía, debían entregar la mitad de sus ingresos a los propietarios de los prostíbulos y tenían prohibido trabajar en otro lugar. Los establecimientos operaban bajo los nombres “Reinas de la noche” y “Gitanas”, ambos ya clausurados.
La Intendencia de Montevideo informó que en lo que va del año rechazó ocho solicitudes de viabilidad para este tipo de locales. En las últimas dos décadas, más de 90 prostíbulos y whiskerías clandestinas han sido cerrados, muchas veces por operar bajo fachadas como “casas de masajes” y por carecer de condiciones mínimas de habilitación.
Aunque en la capital funcionan actualmente 20 prostíbulos autorizados, la Comisión de Apoyo al Trabajo Sexual ha identificado 121 lugares donde se ejerce la prostitución. En la mayoría de ellos, las condiciones son precarias y se registran prácticas irregulares, según datos difundidos por medios locales.
