Deportan a Argentina a acusado de complicidad en el triple femicidio en Florencio Varela

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como colaborador del peruano “Pequeño J”, supuesto autor intelectual del brutal asesinato de tres jóvenes en Buenos Aires, fue expulsado de Perú y entregado a la justicia argentina. El caso sigue generando conmoción por la crueldad del crimen y la difusión del hecho a través de redes sociales.

Un argentino acusado de ser cómplice en el triple femicidio que estremeció a Buenos Aires la semana pasada fue deportado el jueves desde Perú, según confirmaron fuentes policiales.

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido en Lima junto al presunto autor intelectual del crimen, el peruano Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”.

Las autoridades peruanas informaron que la expulsión de Ozorio se realizó de manera inmediata debido a que había ingresado de forma irregular al país.

La entrega del sospechoso se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de Lima, donde Ozorio fue trasladado con fuertes medidas de seguridad: esposado de manos y pies, vestido con un enterizo naranja y protegido con un chaleco antibalas.

“La policía concretó hoy la expulsión del país y entrega a las autoridades argentinas del prófugo internacional Matías Agustín Ozorio”, comunicó la institución en un parte oficial.

Contra Ozorio pesaba una notificación roja de Interpol, que lo señalaba como cómplice de Valverde, acusado de planificar la tortura y asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

El caso generó repudio social no solo por la brutalidad del hecho, sino también porque el crimen fue transmitido en vivo a un grupo cerrado de 45 usuarios en redes sociales.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, calificó la retransmisión como un “acto aleccionador” vinculado a un presunto robo de droga que habría motivado la represalia.

La deportación de Ozorio se resolvió de forma más rápida que la de Valverde, debido a que el peruano enfrentará un proceso de extradición que, según la policía, podría extenderse entre 30 y 60 días.