El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien busca la reelección en los próximos comicios, tomó una decisión clave este sábado al nombrar a Cynthia Gellibert como vicepresidenta constitucional. Este movimiento ocurrió tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que determinó que la vicepresidenta electa, Verónica Abad, no podía ejercer funciones públicas debido a la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de dos años. Esta suspensión fue impuesta como consecuencia de una controversia legal relacionada con acusaciones de violencia política de género.
La decisión de Noboa, tomada durante su viaje oficial a Estados Unidos, fue formalizada a través de un decreto presidencial que también estableció que tanto Gellibert como Abad seguirán recibiendo la seguridad oficial correspondiente. Gellibert, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, ya había sido nombrada previamente vicepresidenta encargada en calidad de suplente durante la primera vuelta electoral, celebrada en febrero de este año.
Con esta medida, Noboa se ampara en un artículo constitucional que le permite designar a un ministro o ministra como reemplazo en casos de “ausencia temporal” de la Vicepresidencia. Así, Gellibert pasa a asumir formalmente el cargo en un contexto altamente político, ya que la situación se da en el marco de la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El desenlace de estos comicios definirá al próximo presidente de Ecuador, un cargo por el que Noboa competirá contra Luisa González, candidata del correísmo.
La resolución del TCE, que desestimó las denuncias presentadas por Abad contra el gobierno de Noboa, ha generado controversia. Abad había acusado al presidente de liderar un supuesto acoso institucional en su contra, acusaciones que fueron desestimadas por el tribunal. En lugar de respaldar a la vicepresidenta, el TCE resolvió a favor de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien había presentado una demanda por violencia política de género contra Abad.
El TCE no solo sancionó a Abad con una suspensión de derechos políticos, sino que también le impuso una multa económica de 14.000 dólares. La vicepresidenta, sin embargo, se mostró en desacuerdo con la decisión, argumentando que la suspensión no equivale a una destitución, y en su cuenta de X (anteriormente Twitter) publicó un mensaje en el que calificaba la medida como un “#GolpeDeEstadoJudicial”, un término que refleja su percepción sobre la intervención del poder judicial en la política.
El origen de la denuncia por violencia política de género se remonta a una disputa interna entre miembros del gobierno. Abad inicialmente acusó a varios funcionarios, incluido Noboa, de intentar desplazarla de sus funciones. Sin embargo, el TCE falló a favor de Sommerfeld, una figura clave del gobierno que ha sido objeto de las denuncias de Abad. Esta resolución judicial no estuvo exenta de controversia dentro del propio tribunal, pues uno de los jueces, Fernando Muñoz, presentó un voto salvado, argumentando que la Constitución ecuatoriana solo contempla a la Asamblea Nacional como el órgano competente para destituir a la vicepresidenta o al presidente en funciones.
La designación de Gellibert ocurre en medio de la campaña electoral para la segunda vuelta, que se celebrará el 13 de abril. Durante esta fase del proceso electoral, la legislación ecuatoriana requiere que el presidente solicite una licencia sin goce de sueldo para poder participar en la campaña y, en consecuencia, delegue sus funciones a la Vicepresidencia. Sin embargo, Noboa no ha solicitado dicha licencia para el periodo completo de campaña, como tampoco lo hizo en la primera vuelta. En su lugar, ha delegado sus funciones a Gellibert de manera puntual mediante decretos específicos, lo que ha generado cierto malestar entre los opositores que consideran que este tipo de decisiones son parte de una estrategia para mantener el control del poder ejecutivo durante la campaña.
