El presidente Daniel Noboa anunció este jueves la declaración de estado de excepción por 60 días en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, provincias afectadas por una creciente violencia organizada.
La decisión se basó en informes del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Centro de Inteligencia y ECU 911, que alertan sobre una escalada de agresiones violentas en esas regiones.
Entre el 11 de julio y el 3 de agosto, ECU 911 registró 80 992 emergencias, de las cuales el 71 % respondieron a incidentes relacionados con seguridad ciudadana. Guayas concentró el 64,8 % del total.
En ese mismo periodo, la Policía reportó 491 homicidios violentos, un 5 % más que en 2024. El 95,5 % de estos casos fueron asesinatos vinculados principalmente a violencia criminal.
Las principales causas: amenazas (71,6 %), tráfico interno de drogas (23,8 %) y robos (1,5 %), sumando un 96,9 % del total de homicidios. El 68,9 % de los hechos tuvieron lugar en espacios públicos.
Comparando las provincias: Guayas presentó una baja del 15 % en homicidios (de 215 a 183), mientras que Manabí y Los Ríos registraron incrementos de 61,5 % y 55,3 % respectivamente. El Oro se mantuvo estable con 45 casos. Estas cuatro provincias concentran el 83,7 % de la violencia registrada en Ecuador durante el período analizado, según datos oficiales.
También se apoyó la medida en un informe técnico de las Fuerzas Armadas que documenta atentados con explosivos, uso de armas, uniformes falsos y decomisos de municiones por parte de bandas armadas.
El reporte confirma que muchas de estas muertes fueron resultado de disputas entre bandas criminales, en lugares como viviendas, mercados, embarcaciones, sitios recreativos e incluso instalaciones públicas, con víctimas civiles, docentes y personal de salud.
La declaratoria ampara el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía, establecido por una reforma constitucional de abril de 2024, y autoriza su intervención en crímenes graves como narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
Este es el segundo estado de excepción de 2025 relacionado con una “grave conmoción interna”. En julio, un decreto anterior ya había identificado grupos como el Frente Oliver Sinisterra, Comandos de la Frontera, Disidencias Comuneros del Sur y el Tren de Aragua como amenazas terroristas.
El decreto será remitido a la Corte Constitucional para su control. El Ejecutivo sostiene que ambos requisitos legales —intensidad del impacto a la seguridad y alarma social— están plenamente cumplidos, dada la gravedad del escenario en zonas como Playas, donde incluso se cancelaron festejos locales por masacres recientes
