La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo golpe judicial este lunes. La Corte Suprema del país rechazó los recursos presentados por su defensa y decidió que enfrente juicio oral por un caso relacionado con lavado de dinero y asociación ilícita. Esta decisión se refiere a los negocios de empresas vinculadas a la familia Kirchner con el Estado durante los gobiernos de la expresidenta y su difunto esposo, Néstor Kirchner.
El máximo tribunal de Argentina ratificó la resolución de una instancia judicial anterior que había determinado que la exmandataria debía ser procesada en este caso. También están procesados su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y una veintena de personas más, entre las que se encuentran varios empresarios. La acusación señala que la familia Kirchner habría utilizado empresas familiares para blanquear dinero obtenido a cambio de contratos relacionados con el Estado.
El fallo unánime de los cuatro jueces de la Corte Suprema deja claro que la expresidenta deberá ser juzgada por el presunto delito de lavado de activos. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido durante los mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner (2007-2015) y Néstor Kirchner (2003-2007). Este caso representa el segundo revés judicial para la exmandataria en solo dos semanas.
El rechazo de los recursos de la defensa se suma a otras investigaciones judiciales que enfrentan a Fernández de Kirchner. En 2022, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta durante su mandato. Aunque esta sentencia ha sido apelada, aún está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema. Además, a principios de diciembre, la Corte determinó que deberá enfrentar juicio oral por la firma de un acuerdo con Irán en 2013, un pacto que supuestamente buscaba esclarecer el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, pero que, según la justicia argentina, tenía como objetivo liberar a Irán de culpas.
En ambos casos, los jueces sostuvieron que la expresidenta no está frente a una “sentencia definitiva”, lo que llevó al rechazo del recurso extraordinario presentado por su defensa. Según el tribunal, la defensa no demostró un agravio real, más allá de la incomodidad por ser sometida a juicio. La sentencia subraya que este proceso penal no puede considerarse definitivo ni equipararse a una sentencia condenatoria.
Este caso tiene su origen en 2018, cuando la denuncia contra Fernández de Kirchner, sus hijos y varios empresarios fue elevada a juicio oral. Sin embargo, en 2021, un tribunal sobreseyó a todos los acusados, pero la Cámara de Casación revocó esta decisión a finales de 2023, ordenando retomar el juicio, excluyendo a Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta.
La investigación se inició en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Fernández de Kirchner a partir de la declaración de un financista arrepentido que la vinculó con maniobras de lavado de dinero. Aunque el fiscal no logró pruebas suficientes para acusar a la expresidenta, los múltiples contactos entre ella y Lázaro Báez, un empresario cercano a la exmandataria condenado por lavado de activos, se consideraron indicios de que pudo haber participado en el blanqueo de capitales liderado por Báez.
Cristina Fernández de Kirchner acaba de asumir la presidencia del Partido Justicialista, la principal fuerza opositora en Argentina, y se espera que aspire a un escaño en el Congreso en las elecciones de 2025. Sin embargo, si la condena por administración fraudulenta es ratificada por la Corte Suprema, se vería inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, lo que tendría un impacto considerable en sus aspiraciones políticas futuras.
