La crisis entre Paraguay y la DEA, iniciada por una polémica decisión de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ha tomado un giro inesperado. El 6 de diciembre, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, envió una nota al Gobierno de Estados Unidos anunciando el fin de la cooperación con la DEA a través de su programa de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU).
La respuesta de la DEA, enviada el pasado martes, fue tajante y contundente. El organismo estadounidense estableció que retirará su participación en el programa SIU de Paraguay y, de ser necesario, procederá con un inventario de los equipos donados y adquiridos bajo dicho programa. La fecha de retiro está fijada para el 6 de marzo de 2025.
Esta respuesta sorprendió al Gobierno paraguayo, que inmediatamente buscó aclarar y revertir la situación. Un día después de la nota de Rachid, el Ejecutivo envió un nuevo comunicado tratando de salvar los lazos con la DEA, reconociendo que no estaban al tanto del acuerdo de cooperación firmado en 2022 entre Paraguay y la agencia estadounidense.
El contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), admitió que la Senad no estaba al tanto de los términos del convenio de 2022, lo que habría generado el malentendido con la DEA. Benítez explicó que se trató de un error administrativo y que la intención del gobierno no era cortar los vínculos, sino reorganizar la cooperación.
La DEA, en su respuesta, recordó la existencia del acuerdo y advirtió sobre los posibles efectos negativos del intento de Paraguay de cambiar los términos del convenio. A pesar de este choque, el Gobierno se comprometió a abrir una mesa de negociación y ratificó su deseo de mantener la cooperación con la DEA en la lucha contra el crimen organizado.
Esta situación ha puesto a Jalil Rachid, el ministro de la Senad, en una situación incómoda. Diversos actores políticos han señalado que su decisión de cortar la cooperación fue un grave error, y algunos incluso han pedido su renuncia. Sin embargo, Rachid ha dejado claro que no renunciará, ya que la decisión fue tomada con el conocimiento y apoyo del presidente Santiago Peña.
La respuesta de la DEA también está en el contexto de una creciente tensión entre Paraguay y la influencia de la DEA en el país. La reciente muerte de Lalo Gomes, en un operativo conjunto con la SIU, fue un catalizador para que algunos sectores del Gobierno decidieron tomar una postura más autónoma en la lucha contra el narcotráfico.
Si bien el Gobierno de Peña no ha declarado oficialmente su posición, las declaraciones de Cíbar Benítez y Rachid sugieren que la situación ha escalado más allá de un simple desacuerdo administrativo. La inclusión del Consejo de Defensa Nacional en las conversaciones y la posibilidad de ampliar la cooperación a otras áreas, como Seprelad y la Dirección de Ingresos Tributarios, podrían ser parte de la solución.
Algunos analistas advierten que la estrategia de renegociación con la DEA puede resultar contraproducente. Aunque el Gobierno busca reafirmar su soberanía, la falta de consenso y la falta de información sobre el acuerdo de 2022 han generado dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para manejar este tipo de crisis.
La situación también ha sido aprovechada por la oposición para criticar al Gobierno. La senadora opositora Esperanza Martínez calificó la decisión de cortar la cooperación como un “desacierto” y sugirió que la renuncia de Rachid sería lo más adecuado para salvar la credibilidad del Ejecutivo.
En medio de esta crisis, el Gobierno de Paraguay se encuentra tratando de restablecer el equilibrio en sus relaciones con la DEA, mientras que la sociedad observa cómo se resuelve esta delicada disputa. La cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un tema crucial para el país, que depende en gran medida del apoyo de agencias extranjeras para hacer frente a estos problemas.
La respuesta definitiva de la DEA será clave para saber si el Gobierno paraguayo logrará salir de la crisis sin perder el apoyo de uno de sus principales aliados en la lucha contra las drogas. El futuro de la cooperación entre Paraguay y la DEA dependerá de cómo se maneje esta renegociación y de la capacidad del Ejecutivo para restaurar la confianza con sus socios internacionales.
