El Ministerio de Salud de Chile decretó una alerta sanitaria hasta el 30 de enero de 2026 para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras registrarse nuevos episodios de intoxicación por gases en la zona.
Desde fines de septiembre se contabilizaron cuatro emergencias ambientales que dejaron más de 100 personas con síntomas de intoxicación, entre ellas un alto número de niños y adolescentes atendidos en centros asistenciales locales.
La decisión del Gobierno busca reforzar la respuesta sanitaria ante una crisis que mantiene en vilo a los habitantes de estas comunas, conocidas por su historial de contaminación industrial.
A pesar de las investigaciones en curso, las autoridades aún no identificaron el origen exacto de las emanaciones, aunque el último episodio fue descrito como un fuerte olor a cloro que se percibió durante horas.
En medio de la incertidumbre, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó cargos contra la empresa Gasmar S.A., responsable de una planta de gas en Quintero. La firma utiliza agua clorada en sus procesos, la cual devuelve al mar, y habría incumplido los monitoreos ambientales exigidos.
La seremi de Salud, Lorena Cofré, informó que 156 personas fueron atendidas en distintos centros médicos, y valoró la implementación de la alerta sanitaria como una herramienta clave para proteger la salud pública.
Cofré destacó que bajo este régimen se intensificarán las fiscalizaciones, monitoreos ambientales y controles en establecimientos educativos, con el objetivo de prevenir nuevos casos de intoxicación.
Sin embargo, la medida no logró calmar el descontento social. Diversas organizaciones civiles de la zona expresaron su indignación, asegurando que los episodios de contaminación se repiten desde hace más de seis años sin una solución de fondo.
María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Quintero, calificó la decisión gubernamental como “una respuesta paliativa” y acusó al Ejecutivo de falta de acción real ante un problema crónico.
“Esta Administración, que se proclamó ecologista, solo ha ofrecido promesas vacías. La alerta sanitaria no detendrá las intoxicaciones”, manifestó Araya, quien cuestionó directamente la gestión del presidente Gabriel Boric.
Las críticas también alcanzaron al delegado presidencial Yanino Riquelme y a las secretarías regionales de Salud y Medioambiente, señaladas por los vecinos como incapaces de ejercer un control efectivo sobre las industrias.
En tanto, sindicatos de pescadores artesanales anunciaron la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de exigir responsabilidades y sanciones a las empresas involucradas en esta nueva crisis ambiental que vuelve a golpear a la “zona de sacrificio” del litoral central chileno.
