El 26 de enero de 2025, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos vivieron una jornada de altísima tensión, marcada por un intercambio de decisiones y medidas punitivas que llevaron a ambos países al borde de una crisis. El detonante fue la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares de Estados Unidos, que transportaban a 160 colombianos deportados por estar en situación irregular en territorio estadounidense.
La decisión de Petro no pasó desapercibida en Washington, donde la Casa Blanca reaccionó rápidamente con sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales colombianos como a funcionarios del gobierno. Esta medida fue vista como un intento por parte de Estados Unidos de presionar al gobierno colombiano para que aceptara la repatriación de los deportados sin condiciones.
Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la situación se fue escalando con el anuncio de nuevas sanciones, entre ellas un arancel del 25% sobre las importaciones colombianas, la revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano y otras restricciones financieras, todo bajo la normativa de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa). Estas acciones buscaron hacer frente a la negativa de Petro y exigir un cumplimiento de las normativas internacionales sobre deportación de inmigrantes ilegales.
La tensión alcanzó su punto culminante a las 10:00 p.m., cuando la Casa Blanca emitió un comunicado en el que anunciaba un acuerdo entre ambos países. Según la nota oficial, Colombia aceptó finalmente la repatriación de los 160 colombianos deportados sin restricciones. A cambio, Estados Unidos suspendió las sanciones impuestas durante el día y ofreció una salida a la crisis diplomática que estaba poniendo en peligro las relaciones bilaterales.
El comunicado de la Casa Blanca también especificó que las restricciones a visas y las inspecciones de aduanas seguirán vigentes hasta que el primer vuelo de deportados colombianos llegará con éxito. Sin embargo, las sanciones económicas fueron puestas en reserva, con la condición de que Colombia cumpliera con el acuerdo alcanzado.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, encabezado por el canciller Luis Gilberto Murillo, anunció que el gobierno colombiano cumpliría con el compromiso asumido en el acuerdo. Además, Murillo informó que tanto él como el embajador Daniel García-Peña viajarían a Washington en los próximos días para continuar las conversaciones y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
En cuanto a los deportados, el gobierno de Colombia aseguró que se garantiza un trato digno para todos, algo que fue subrayado en el comunicado oficial. Para facilitar su retorno, el presidente Gustavo Petro dispuso del avión presidencial para asegurar que los colombianos deportados pudieran llegar a su país en condiciones adecuadas, después de que los vuelos inicialmente programados se vieran cancelados debido a la crisis diplomática.
La postura de Petro durante todo este proceso fue clara: defendió la soberanía de Colombia y se mostró firme en su rechazo a lo que consideraba un trato humillante hacia los deportados colombianos. La decisión de no permitir el aterrizaje de los vuelos con deportados fue interpretada como una manifestación de resistencia ante lo que consideraba presiones externas. Sin embargo, la escalada de sanciones y las medidas represivas por parte de Estados Unidos llevaron al gobierno colombiano a buscar una solución negociada para evitar una confrontación mayor.
Durante la tarde del 26 de enero, Petro se reunió con su canciller saliente Luis Murillo, la futura ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y el embajador García-Peña, en un esfuerzo por encontrar una salida a la crisis. Mientras tanto, Sarabia utilizó su cuenta de X para pedir calma a la ciudadanía, asegurando que las autoridades colombianas mantenían un diálogo constante con sus homólogos estadounidenses.
A pesar de las presiones internacionales y las sanciones impuestas, Petro continuó enviando mensajes de resistencia. El presidente colombiano dejó claro que no se arrodillará ante las demandas de Estados Unidos, enfatizando que lo que estaba en juego era la dignidad de los colombianos y el respeto por la soberanía del país.
La crisis, que comenzó con un simple desacuerdo sobre la deportación de inmigrantes ilegales, puso de relieve las tensiones latentes entre ambos países en torno a temas de soberanía y derechos humanos. Mientras Colombia defendió su derecho a gestionar sus políticas internas, Estados Unidos intentó imponer su voluntad a través de medidas económicas y diplomáticas.
