La Corte Suprema de Justicia de Brasil impuso este lunes prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro. La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el exmandatario.
La medida se fundamenta en el presunto incumplimiento de restricciones cautelares que le habían sido impuestas anteriormente, ante el riesgo de fuga y la reiteración de conductas delictivas. Entre las restricciones violadas están la prohibición de comunicarse por redes sociales, incluso a través de terceros, y la obligación de portar una tobillera electrónica.
Además de ordenar su arresto domiciliario, el juez De Moraes prohibió a Bolsonaro recibir visitas que no sean de familiares directos o abogados. También instruyó a la Policía Federal a allanar su residencia y decomisar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
El operativo fue ejecutado la tarde del lunes, confirmó la Policía Federal en un comunicado. El expresidente fue notificado formalmente del nuevo régimen, y los dispositivos electrónicos fueron incautados como parte de la investigación.
Según De Moraes, en redes sociales de aliados y de sus hijos —todos con cargos públicos— se difundieron mensajes de Bolsonaro instando a atacar al Supremo y pidiendo una intervención extranjera en el sistema judicial brasileño. Estas publicaciones se vincularon directamente con las manifestaciones bolsonaristas ocurridas el domingo en varias ciudades del país.
Durante esas movilizaciones, los seguidores del exmandatario exigieron amnistía para los acusados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023. Incluso, expresaron su apoyo a sanciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump contra miembros de la Corte Suprema de Brasil.
El juez De Moraes advirtió que Bolsonaro ha mostrado un patrón de conducta reincidente, lo que justifica la adopción de medidas más severas. “No hay duda de que incumplió las cautelares”, afirmó en su resolución. El arresto domiciliario se da en el marco del juicio por su presunta participación en el complot para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro, junto con altos oficiales militares y miembros de su gabinete, discutió mecanismos para invalidar los resultados de las elecciones de 2022. También lo responsabilizan de incitar el asalto a los tres poderes ocurrido en enero de 2023.
Como respuesta a la decisión judicial, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, pidió al Senado que inicie un proceso de destitución contra el magistrado Alexandre de Moraes. Calificó la orden como “cobarde” e “inmoral”, y aseguró que cuenta con el respaldo de varios legisladores para avanzar en esa dirección.
Esta no es la primera vez que la familia Bolsonaro intenta desplazar a De Moraes del Supremo. Sin embargo, hasta el momento, ningún intento anterior ha prosperado en el Senado brasileño, donde es necesario un amplio consenso para iniciar un juicio político contra un magistrado del STF.
Por su parte, la defensa del exmandatario niega cualquier violación de las medidas cautelares. Alegan que los mensajes difundidos durante las manifestaciones no pueden atribuírseles directamente ni representan delito alguno. Insisten en que Bolsonaro ha cumplido las restricciones impuestas por la Corte.
