La Corte Suprema de Brasil emitió este viernes un nuevo conjunto de medidas restrictivas contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el contexto del proceso judicial por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. Entre las disposiciones destacan el uso obligatorio de tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y la restricción de contacto con otros acusados o diplomáticos.
El alto tribunal también le impidió acercarse a embajadas y mantener cualquier tipo de comunicación con funcionarios extranjeros. Esta decisión busca limitar posibles movimientos que obstaculicen la investigación o representen riesgos diplomáticos.
Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, es señalado como presunto cabecilla de una trama para evitar la transferencia del poder tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El caso ha reavivado el debate sobre la estabilidad democrática en el país sudamericano.
La Policía Federal ejecutó registros domiciliarios en el marco de esta investigación. Uno de los allanamientos se realizó en la residencia del exmandatario en Brasilia, y otro en la sede del Partido Liberal (PL), al cual pertenece. Ambos lugares habrían sido claves en la planificación del supuesto complot.
El proceso judicial contra Bolsonaro ha generado reacciones internacionales, especialmente desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el juicio como una “caza de brujas” y pidió públicamente que se ponga fin a lo que considera una persecución política contra su aliado ideológico.
En un gesto que ha tensado aún más la relación bilateral, Trump anunció un incremento del 50 % en los aranceles a las importaciones brasileñas, lo cual fue interpretado por el Gobierno de Lula como una represalia política. El republicano vinculó esa decisión a su desacuerdo con el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro.
Trump también cuestionó lo que llamó “órdenes secretas e ilegales” del Supremo brasileño, que habrían conducido al cierre de cuentas en redes sociales asociadas a la difusión de noticias falsas contra instituciones del Estado. Estos señalamientos generaron una fuerte respuesta del gobierno brasileño.
El presidente Lula da Silva condenó enérgicamente las declaraciones de Trump, calificándolas como un “chantaje inaceptable”. Además, exigió respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial de Brasil, que se encuentra cumpliendo su rol constitucional en la investigación de delitos graves.
Bolsonaro enfrenta cargos por cinco delitos, incluidos tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. Las penas combinadas por estas acusaciones podrían sumar hasta 40 años de prisión, si es hallado culpable.
Los fiscales sostienen que Bolsonaro habría contado con el apoyo de exministros, militares de alto rango y otros colaboradores cercanos para ejecutar el supuesto plan antidemocrático. Esta red habría intentado alterar los resultados electorales mediante desinformación y presión institucional.
En la víspera de la decisión de la Corte, Trump envió una carta de apoyo al expresidente brasileño, en la que expresó su esperanza por un “cambio de rumbo” en el gobierno de Brasil. También pidió el fin de lo que consideró un “régimen de censura” impuesto por las autoridades.
