El Contralor General de la República, Camilo Benítez, informó que se estudia formalizar una denuncia ante el Ministerio Público por irregularidades en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y el Ministerio de Salud, relacionadas con medicamentos oncológicos.
El anuncio llega tras la presentación del informe de auditoría realizada entre 2022 y 2024, al que tuvo acceso la Contraloría General de la República (CGR), cuyas conclusiones resultan categóricas y preocupantes.
Benítez aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva respecto a la denuncia, pero señaló que el caso en que se compró un medicamento para un paciente ya fallecido es tan flagrante que probablemente será remitido a la Fiscalía.
El informe, de 235 páginas, expone múltiples irregularidades. Entre ellas, se reporta el vencimiento de fármacos por un monto de G. 5.497.255.313 (aproximadamente USD 746.909), medicamentos que nunca fueron utilizados ni redistribuidos.
Otro caso llamativo fue la compra de un costoso medicamento (G. 1.368.984.000 o USD 186.003) después del fallecimiento del paciente beneficiario, lo que constituye una grave falla ética y operativa.
El reporte también detalla la distribución irregular de medicamentos oncológicos desde el Incan hacia centros privados como el Centro Médico Nuestra Señora de la Asunción (USD 239.563), entre otros que se habrían beneficiado sin autorización ni devolución.
También fueron mencionados el centro REVITA, dirigido por el exdirector del Incan Raúl Doria, y otras clínicas como Sanatorio San Roque, La Costa, Centro Médico Bautista, Sanatorio Migone e IPHIC, todas con recepción de medicamentos sin respaldo contractual formal.
Según la Contraloría, por vencimientos, compras injustificadas y distribución irregular, el perjuicio económico asciende a cerca de USD 58 millones, afectando directamente la salud pública paraguaya.
Benítez reiteró que se están llevando a cabo reuniones internas en la Contraloría para evaluar el contenido del informe y definir los pasos a seguir, sin descartar que finalmente el caso termine en manos judiciales.
Su advertencia fue contundente: “No veo cómo ese caso no vaya a parar en la Fiscalía”, refiriéndose al episodio del medicamento aprobado tras el fallecimiento del paciente, una situación que puede considerarse casi escandalosa.
Sobre los responsables, aún no se han identificado culpables directos, pero las implicaciones políticas y administrativas podrían ser amplias, abarcando a los exdirectores Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera, quienes estuvieron al frente del Incan.
