La Contraloría General de la República (CGR) entregó este jueves al Congreso Nacional su informe final sobre las auditorías de las ejecuciones financieras correspondientes al ejercicio fiscal 2024, señalando presuntas irregularidades administrativas y contables en varias instituciones del Estado.
El contralor Camilo Benítez hizo la presentación oficial ante el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente segundo del Legislativo, resaltando deficiencias estructurales en la gestión pública.
Entre las principales observaciones figura la falta de transparencia en los estados contables de la mayoría de los ministerios auditados. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica”, denunció Benítez.
De manera específica, el Ministerio del Interior habría registrado activos que ya no existen, como patrulleras fuera de servicio o desechadas, lo que exige su inmediata baja contable.
En materia de salud, se detectó una compra de medicamentos por valor de G. 5.000 millones en el Instituto Nacional del Cáncer para un paciente ya fallecido. El fármaco no fue utilizado y terminó vencido, lo que generó una pérdida millonaria.
La planificación deficiente en adquisiciones también fue criticada: medicamentos comprados sin lista previa de pacientes o días antes del vencimiento. Esto evidencia fallas de estrategia y control.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CGR halló inmuebles valorados en G. 138.000 millones destinados a consulados y embajadas que no están registrados formalmente a nombre del Estado paraguayo.
Varias entidades, como el Ministerio del Interior, Cancillería, Desarrollo Social, Agricultura, Puertos, Dinapi, Conatel y el Crédito Agrícola, recibieron dictámenes con salvedades por inconsistencias contables menores.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Ambiente recibieron dictamen no razonable, lo que indica estados financieros poco confiables. En el caso de Essap, aún no se aprobó su balance, por lo que se otorgó un dictamen con extensión.
Benítez aclaró que las salvedades no implican automáticamente delitos, pero instó a las instituciones auditadas a presentar planes de mejora, que serán revisados en mesas de trabajo legales para evaluar posibles implicaciones penales.
El informe también advierte sobre un proyecto de ley que ampliaria de dos a cuatro salas el Tribunal de Cuentas, una maniobra que, según el contralor, beneficiaría a autoridades con denuncias de corrupción al debilitar el control de la Contraloría.
“El Congreso debe rechazar el proyecto para evitar que se favorezca la impunidad”, insistió Benítez. El texto actualmente se debate en la Cámara de Diputados y podría anular impacto de auditorías anteriores.
El documento completo queda a disposición del Legislativo y podría abrir procesos ante la Fiscalía si se confirman los indicios de responsabilidad penal. La Contraloría ya anticipa posibles repercusiones legales y exige transparencia institucional.
