Luis Fernández Albín, conocido como “El Flaco”, es un nombre familiar en el mundo del crimen organizado en Uruguay. A sus 37 años, lidera una banda narco en el barrio Cerro Norte, uno de los puntos más conflictivos y violentos de Montevideo. Este viernes, la Policía uruguaya llevó a cabo una operación en su residencia ubicada en el exclusivo barrio privado de Colinas de Carrasco, en Canelones, donde el delincuente cumplía una condena de prisión domiciliaria.
El motivo de su arresto se relaciona con el hallazgo de un arma de fuego con la numeración limada en su hogar. Este descubrimiento viola las condiciones de su arresto, lo que llevó a que la justicia revocara la medida de prisión domiciliaria y ordenara su regreso a la cárcel. Además, la posesión del arma sin signos de identificación le valió una nueva condena a siete meses de prisión por los cargos de atentado agravado y porte ilegal de armas.
Fernández Albín no es un delincuente común. Desde su incursión en el crimen organizado en la zona de Cerro Norte, ha tejido una red de tráfico de drogas que lo vincula directamente con Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia. La Policía ha identificado a varios de los allegados de “El Flaco” como responsables de grandes cargamentos de droga que han sido parte de los envíos organizados por Marset, quien se encuentra oculto fuera de Uruguay.
Según fuentes de la investigación, Fernández Albín se especializa en proveer la logística necesaria para el traslado de estos cargamentos a buques que los transportan fuera del país. Además, su banda tiene una importante influencia en la venta de pasta base y marihuana en la zona metropolitana de Montevideo, donde abastece de estos productos a numerosos consumidores.
La carrera criminal de Fernández Albín estuvo marcada por su larga estadía en prisión. Tras pasar 15 años en la cárcel, en 2022 se le otorgó la posibilidad de cumplir su condena en prisión domiciliaria, una medida que ha sido cuestionada por muchos, especialmente considerando sus vínculos con el crimen organizado. El hecho de que pudiera vivir en una zona residencial de lujo distó totalmente de la realidad de aquellos que ha afectado con su actividad delictiva en Cerro Norte.
Por otro lado, la situación de Marset, quien sigue siendo uno de los prófugos más buscados de Uruguay, continúa siendo un misterio. El narcotraficante, conocido por sus operaciones internacionales, fue rastreado el año pasado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se había infiltrado como futbolista. A pesar de ser localizado, logró escapar, y desde entonces su paradero ha sido incierto.
Sin embargo, recientemente se conoció que la esposa de Marset, Gianina García Troche, fue detenida en España después de llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid. García Troche había viajado desde Dubái con documentos personales, aunque sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol solicitada por la justicia de Paraguay. La esposa del narcotraficante está implicada en un esquema de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, por lo que enfrenta serias acusaciones en Paraguay.
A pesar de la detención de García Troche, las autoridades siguen buscando a Marset, quien tiene conexiones con bandas en varios países de América Latina y Europa. La extradición de García Troche a Paraguay está pendiente de una decisión por parte del gobierno español, lo que marca un importante avance en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La violencia en Uruguay, especialmente en zonas como Cerro Norte, ha aumentado en los últimos meses debido al enfrentamiento entre bandas rivales. Los esfuerzos de la Policía para desmantelar estas organizaciones siguen siendo complicados por las redes de corrupción y el poder económico que los narcotraficantes manejan. A pesar de que la justicia ha tomado medidas contra Fernández Albín y otros líderes del crimen organizado, los operativos de la Policía a menudo se ven limitados por la violencia y la intimidación que ejercen estos grupos.
Este caso ha abierto nuevamente el debate sobre el sistema penitenciario de Uruguay y la efectividad de las medidas de prisión domiciliaria, que en muchos casos parecen ser una alternativa inadecuada para criminales peligrosos como Fernández Albín. La situación refleja un sistema de justicia que aún enfrenta desafíos al intentar contener el avance de las organizaciones narcotraficantes, quienes parecen tener los recursos y la influencia suficientes para evadir el control estatal.
En tanto, las investigaciones sobre los nexos de Fernández Albín con Marset y su implicación en grandes cargamentos de droga continúan, y se espera que surjan más detalles sobre cómo operan estas redes criminales y sus conexiones internacionales.
