La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ACONADIYSH alertaron sobre la grave situación de inseguridad y abandono que enfrentan las comunidades del distrito de Yurúa, en la frontera con Brasil.
Según los informes de estas organizaciones, grupos armados internacionales como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera han ingresado al territorio peruano aprovechando la ausencia de controles estatales, expandiendo actividades ilícitas y afectando la vida de los pueblos indígenas.
Esta expansión criminal ha generado nuevas rutas fluviales y pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas para el tráfico de drogas, al mismo tiempo que se documenta el reclutamiento forzado y el consumo de estupefacientes entre jóvenes y adolescentes de la región.
El avance de estas redes ha fortalecido otras actividades ilegales, como la tala indiscriminada y la explotación de recursos naturales, debilitando la gobernanza local y poniendo en riesgo la seguridad de líderes y defensores indígenas.
Frente a esta crisis, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH impulsaron la reapertura del puesto de control Hito 38 y la creación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú-Brasil, con el objetivo de vigilar y proteger los territorios compartidos.
“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, expresó el Apu Jamer López Agustín, presidente de ORAU.
Las organizaciones enfatizan que estas acciones buscan restablecer la seguridad y el control territorial, reclamando un respaldo estatal que reconozca y apoye sus esfuerzos frente al abandono histórico.
Entre las demandas principales de los pueblos indígenas se encuentran cinco ejes: presencia policial permanente; articulación entre los Ministerios de Defensa e Interior; protección de defensores indígenas; implementación de programas de desarrollo alternativo; mejora de infraestructura básica; y el reconocimiento legal de la Guardia Indígena Transfronteriza.
Los líderes indígenas hicieron un llamado directo al presidente José Jerí Oré para que visite la zona y atienda de manera integral la crisis de seguridad, exigiendo medidas urgentes y coordinación de alto nivel.
