La administración de Donald Trump implementó este lunes un nuevo veto migratorio que limita el acceso a visas para ciudadanos de 19 países. La orden ejecutiva marca una escalada en la estrategia de control migratorio del gobierno estadounidense, con un enfoque centrado en seguridad nacional y riesgos asociados al terrorismo.
La medida impide la emisión de nuevos visados a personas originarias de 12 países, entre ellos Afganistán, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán. Además, impone restricciones adicionales a ciudadanos de otras siete naciones, como Cuba, Venezuela, Burundi y Turkmenistán.
Según lo dispuesto, quienes ya cuenten con visados válidos no se verán afectados. Sin embargo, las nuevas solicitudes serán rechazadas salvo contadas excepciones, conforme a criterios definidos por el Departamento de Estado.
Desde la Casa Blanca se argumentó que la decisión responde a preocupaciones sobre la falta de cooperación de algunos gobiernos en el proceso de deportación de sus ciudadanos, así como a deficiencias en la verificación de identidad durante el proceso de solicitud de visa.
En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente Trump vinculó el veto a incidentes recientes de seguridad, incluyendo un ataque en Boulder, Colorado, perpetrado por un ciudadano egipcio que había sobrepasado el plazo legal de su visa. Cabe destacar que Egipto no figura entre los países sancionados por la nueva disposición.
El gobierno estadounidense insiste en que la política es preventiva y necesaria. “Esta medida es esencial para proteger a nuestro pueblo”, declaró Trump, justificando que los países incluidos presentan tasas elevadas de permanencia ilegal.
Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Diversas organizaciones humanitarias y defensores de derechos migratorios criticaron la medida por considerarla discriminatoria y arbitraria. “Esto no tiene que ver con seguridad, sino con marginar comunidades”, denunció Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.
En Nueva Jersey, ciudadanos como Elvanise Louis-Juste, de origen haitiano, expresaron su angustia ante el nuevo veto. “Tengo familia en Haití. Esto me parte el corazón”, comentó tras conocer que su país figura entre los afectados.
Desde el ámbito legal, analistas sostienen que la proclamación fue redactada cuidadosamente para evitar los cuestionamientos judiciales que enfrentó el primer veto migratorio de 2017, el cual fue rechazado por diversas cortes y señalado por centrarse desproporcionadamente en países musulmanes.
La nueva orden se apoya en informes del Departamento de Seguridad Nacional que miden tasas de estadía ilegal y cooperación internacional. En este sentido, busca presentarse como una política técnica, basada en datos, más que como una medida ideológica.
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro condenó enérgicamente la decisión, calificándola de “campaña de estigmatización y criminalización” hacia los ciudadanos venezolanos, en un contexto ya tenso debido a las sanciones económicas impuestas por Washington.
