Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de Paraguay del proyecto de reforma del transporte público de pasajeros, los gremios de choferes mantuvieron una reunión en la que resolvieron convocar a un Congreso de Trabajadores este viernes 5 de diciembre. Allí volverán a evaluar si inician una huelga, una posibilidad que consideran cada vez más cercana.
El proyecto aprobado redefine la conducción del sistema de transporte terrestre y modifica puntos centrales de la Ley N° 1590/2000, lo que generó un marcado rechazo en los sindicatos, que desde el inicio de las discusiones han cuestionado varios artículos.
La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) informó que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la normativa busca limitar el derecho a huelga. Según su presidente, Gerardo Giménez, la reforma contiene disposiciones que no respetan los compromisos laborales asumidos por el país.
Giménez sostuvo que los reclamos presentados por los trabajadores durante las audiencias legislativas no fueron tenidos en cuenta, especialmente aquellos relacionados con las facultades del Estado durante eventuales interrupciones del servicio.
El principal punto de fricción es el artículo 20, que mantiene la calificación del transporte público como “servicio público imprescindible”. Para los choferes, esta definición abre la puerta a sanciones ante paros y restringe un derecho garantizado por la Constitución y por convenios internacionales.
Aunque el Senado había fijado un piso del 70% de operación en horarios pico y 60% en horarios normales durante una huelga, Diputados redujo ese umbral a un 60% general. Sin embargo, para los trabajadores, incluso ese porcentaje afecta directamente su capacidad de ejercer una huelga efectiva.
Luego de la reunión de ayer domingo, Giménez confirmó que la postura predominante entre los choferes es avanzar hacia una medida de fuerza. Sostuvo que las bases consideran que la aprobación en Diputados “refuerza la necesidad de defender derechos que sienten amenazados”.
El dirigente explicó que el conflicto se arrastra desde anteriores negociaciones con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo. Aseguró que, en reiteradas ocasiones, se prometieron soluciones que no fueron concretadas cuando se acercaban las fechas de huelga.
Ante este escenario, Fetrat prevé formalizar una denuncia ante la OIT, ya sea de manera presencial o por canales electrónicos. La acusación se centrará en que la reforma, según el gremio, pretende restringir derechos laborales reconocidos internacionalmente.
Para el sector sindical, el Congreso del próximo 5 de diciembre será decisivo. En esa instancia, los trabajadores votarán el tipo de medida a adoptar, incluyendo la posibilidad de una huelga general del transporte.
Mientras tanto, el proyecto aprobado por Diputados regresa al Senado, que deberá analizar nuevamente el texto modificado. Aunque se introdujeron cambios en los artículos más cuestionados el 20 y el 39, se mantuvo la declaración del transporte metropolitano como servicio imprescindible, lo que continúa generando preocupación.
