La explosión registrada el domingo en una planta industrial de hidrógeno ubicada en Capiatá continúa generando preocupación entre autoridades y vecinos. El incidente dejó tres trabajadores heridos y motivó a la Municipalidad a iniciar un sumario administrativo a la firma CAHPSA, responsable de la instalación.
La intendenta Laura Gamarra confirmó que la investigación municipal ya se encuentra en marcha, aunque admitió que el gobierno local carece de los recursos técnicos necesarios para realizar controles especializados en materia de seguridad industrial.
Según explicó la jefa comunal, la fiscalización de este tipo de plantas no recae directamente sobre el municipio, motivo por el cual la Comuna solicitará el acompañamiento de otras instituciones con competencia en la materia.
En declaraciones a radio Monumental 1080 AM, Gamarra señaló que corresponde a la empresa mantener sus propios protocolos internos de seguridad y someterse a los entes nacionales encargados de la verificación técnica.
La intendenta adelantó que recurrirán al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a otros organismos especializados para esclarecer lo ocurrido y garantizar que se cumplan las normativas ambientales e industriales vigentes.
Mientras tanto, la Municipalidad anunció que abrirá un nuevo sumario administrativo para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la explosión, así como el nivel de responsabilidad de la empresa.
Gamarra afirmó que mantendrá reuniones con técnicos del municipio y asesores jurídicos para avanzar en el proceso, que incluye la revisión de la documentación presentada por la planta y las condiciones de operación autorizadas.
La planta industrial cuenta con planos aprobados y renovados anualmente, según informó la intendenta. Sin embargo, el hecho reavivó cuestionamientos de vecinos que desde hace tiempo exigen mayor rigor en los controles sobre las industrias instaladas en la zona.
No es la primera vez que la empresa enfrenta cuestionamientos. La fábrica ya había sido sometida a un sumario anterior por denuncias de contaminación del agua y del aire formuladas por pobladores cercanos.
El episodio del domingo también puso en el foco la situación de los tres trabajadores afectados. Dos de ellos, el ingeniero Cayo César Fretes Lucena, de 68 años, y el mecánico Robin Padilla, sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo y permanecen internados en el Hospital Central del IPS.
El tercer empleado, Derlis Raúl Leguizamón Martínez, encargado del laboratorio, fue trasladado al Hospital Ingavi luego de sufrir lesiones ocasionadas por la caída del techo tras la explosión.
La investigación aún está en curso, y mientras la Municipalidad busca apoyo técnico para esclarecer lo ocurrido, la preocupación ciudadana se mantiene. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la capacidad de control del Estado y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad industrial en zonas urbanas en crecimiento.
