La seguridad nacional en Estados Unidos se ha encendido tras conocerse que cárteles, pandillas y organizaciones terroristas han ofrecido recompensas por la vida de agentes federales de inmigración.
Según el DHS, estos grupos ofrecen hasta 10.000 dólares por asesinar a miembros del ICE y 2.000 por secuestrarlos, una situación catalogada como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”.
Las recompensas están dirigidas a agentes identificados, cuyas fotografías circulan en redes criminales, en un intento de frenar las operaciones contra el crimen organizado.
Kristi Noem, secretaria del DHS, confirmó que la inteligencia federal detectó una organización creciente detrás de estos ataques y que las amenazas incluyen planes concretos para emboscar a los funcionarios.
“No se trata de libertad de expresión, sino del estado de derecho frente a la anarquía. Venceremos”, afirmó Noem en X (antes Twitter), enfatizando la seriedad de la situación.
El caso más reciente se registró en Illinois, donde Juan Espinoza Martínez, vinculado a la pandilla Latin Kings, fue arrestado tras ofrecer recompensas por el asesinato del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.
Las pruebas incluyen capturas de pantalla de Snapchat, en las que Espinoza ofrecía USD 10.000 por eliminar al funcionario y 2.000 por información que condujera a su captura.
El Departamento de Justicia procesa actualmente a Espinoza Martínez por solicitar el asesinato de un alto funcionario federal.
Ante estos hechos, el DHS reforzó la protección de los agentes amenazados y modificó sus operaciones para garantizar su seguridad, con apoyo de aliados federales.
La violencia contra agentes se ha intensificado en ciudades como Chicago y Dallas, con caravanas que acorralan a funcionarios, disparos contra instalaciones y agresiones directas en la vía pública.
Mientras la secretaria Noem insiste en la gravedad de las amenazas y la necesidad de respuesta firme, líderes locales como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, cuestionan la narrativa federal y califican algunas medidas como “peligrosas e imprudentes”.
Pese a las críticas, el DHS asegura que los intentos de intimidar o atacar a los agentes del orden enfrentarán todo el peso de la Ley, enviando un mensaje claro sobre la defensa de la autoridad y la seguridad ciudadana.
